El programa contempla aportes no reembolsables de US$ 350.000 o la suscripción de un título público por US$ 800.000, sin exigir los dos años de residencia continua y legal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes en París, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, un Programa de Ciudadanía por Inversión. Según informó, el país comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de este año.
El régimen ofrecerá dos alternativas: un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción, por US$ 800.000, de un título público que será creado específicamente para el sistema. Esta última opción dará acceso a un instrumento de deuda pública y no requerirá la compra de una empresa ni el desarrollo de un emprendimiento productivo.
El cónyuge y los hijos del solicitante principal también podrán aplicar si acreditan el vínculo y realizan los aportes previstos. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán aportar US$ 100.000 al Tesoro Nacional, mientras que los menores de 18 años podrán hacerlo por US$ 25.000. Para un grupo familiar compuesto por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, el costo total será de US$ 500.000.
La inversión no implicará una concesión automática de la ciudadanía. Antes de resolver cada caso, se verificará la identidad, el origen y la trazabilidad de los fondos, la situación patrimonial y financiera, los antecedentes penales y reputacionales, el riesgo de la jurisdicción de procedencia y el historial migratorio. Los fondos deberán ingresar por el sistema financiero formal.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. Luego de emitir una recomendación, ese organismo remitirá cada expediente a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la decisión final.
La iniciativa generó cuestionamientos de legisladores opositores, que señalaron que no exige residencia ni una inversión concreta en el país y la vincularon con la discusión sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. La diputada Florencia Carignano (UxP) sostuvo que la ciudadanía no debería obtenerse mediante un pago, mientras que Agustín Rossi y Kelly Olmos presentaron un proyecto para prohibir la venta de la ciudadanía argentina.