El funcionario presentó una dimisión indeclinable ante Javier Milei y Alejandra Monteoliva. Cuestionó la intervención de un tribunal porteño y alertó por posibles multas sobre su patrimonio.
Julián Curi presentó este viernes su renuncia indeclinable como subsecretario de Asuntos Penitenciarios ante la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el presidente Javier Milei. En el escrito pidió que la dimisión fuera aceptada de inmediato.
El funcionario fundamentó su salida en un conflicto con un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Cuestionó que la Justicia local interviniera en decisiones sobre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que, según sostuvo, ya habían sido resueltas de manera concordante por distintos jueces federales.
Curi afirmó que había recibido un apercibimiento por la posible comisión de los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También advirtió que podían aplicarse multas diarias sobre su patrimonio personal, conocidas como astreintes, utilizadas por los tribunales para exigir el cumplimiento de sus decisiones.
El abogado vinculó su actuación con la defensa del carácter federal del SPF y planteó una disputa de competencias entre ambas jurisdicciones. En su despedida agradeció al Presidente, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y especialmente a Patricia Bullrich por el respaldo recibido durante su gestión.
Curi había asumido en enero de 2024, durante la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, y llegó al Gobierno luego de haber representado a la dirigente como abogado en causas penales. En el cargo participó en el endurecimiento de las condiciones de detención en cárceles federales, la aplicación de protocolos para presos de alto perfil y la reorganización del sistema penitenciario de Santa Fe, incluida la coordinación de lineamientos para las cárceles de Piñero y Coronda.
Aunque la carta de renuncia centró los motivos de la salida en el conflicto judicial, Clarín informó que fuentes del área de Seguridad también señalaron un posible desgaste relacionado con la gestión de los detenidos y sus condiciones de alojamiento en dependencias de fuerzas federales y provinciales.