La Libertad Avanza negocia con bloques dialoguistas para llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre. Discapacidad, universidades y asignaciones sociales concentran las diferencias.
El Gobierno nacional acelera las conversaciones con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para reunir apoyos al proyecto de Presupuesto 2027. El oficialismo pretende firmar el dictamen el próximo miércoles y debatir la iniciativa en el recinto el 18 de noviembre.
La agenda parlamentaria tendrá una actividad reducida durante la primera quincena de noviembre, por lo que La Libertad Avanza intenta acordar entre el lunes y el martes los cambios posibles al texto. El cronograma elaborado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, incluye una reunión informativa el martes a las 11 y una reunión para debatir el dictamen el miércoles a las 14. Aún no se definió qué funcionario del Poder Ejecutivo responderá las preguntas de los diputados.
Las negociaciones en Diputados están a cargo del presidente de la Cámara, Martín Menem; el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni; y Benegas Lynch. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, conversa con gobernadores cuyos legisladores podrían respaldar el proyecto. La condición del Gobierno es que cualquier modificación mantenga las metas fiscales, el equilibrio de las cuentas públicas y el superávit primario.
Uno de los principales ejes de discusión es la jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%. Los bloques dialoguistas y opositores pretenden destinar parte de esos recursos a universidades nacionales y prestaciones por discapacidad, mientras que el Ejecutivo sostiene que deben cubrir compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.
La UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman derogar los artículos 36 al 41, referidos a cambios en la legislación sobre discapacidad, y recomponer las partidas para ese sector. También buscan conservar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las ayudas sociales y las asignaciones familiares. En materia universitaria, el proyecto prevé $7,3 billones, frente a los alrededor de $11 billones solicitados por los rectores.
Los reclamos incluyen además las deudas de la Nación con las 13 provincias que tienen cajas jubilatorias propias, junto con fondos para reparar rutas y reactivar obras públicas paralizadas desde 2023. Esos pedidos fueron planteados en la reunión que Santilli mantuvo con los gobernadores el 16 de octubre. Para abrir una sesión, el oficialismo necesita 129 presentes: cuenta con 95 diputados y procura sumar a sus aliados, a legisladores vinculados con gobernadores y a integrantes de Provincias Unidas.