La propuesta tarifaria será debatida este lunes desde las 10 en una audiencia pública virtual convocada por el ERAS. El esquema contempla subas, bajas y facturas sin cambios según la situación de cada hogar.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) realizará este lunes desde las 10 una audiencia pública virtual para analizar la actualización tarifaria presentada por AySA. La iniciativa alcanza a los servicios de agua y cloacas de hogares del AMBA e incluye modificaciones en los descuentos sociales.
El proyecto prevé aumentos para 1.998.747 usuarios residenciales, aproximadamente el 60% de esa categoría. Para ese grupo, la factura media mensual pasaría de $29.116 a $35.710, lo que representa una suba del 22,6%. En el conjunto de los usuarios residenciales, incluyendo las reducciones y los casos sin cambios, el incremento promedio sería del 11,4%.
En sentido contrario, 683.927 usuarios, cerca del 20% del total, tendrían una baja promedio del 14,7% en sus boletas. Otros 672.194 hogares, que representan el 20% restante, conservarían el nivel actual de facturación mediante la aplicación del programa.
La propuesta reemplaza los antiguos coeficientes zonales por un mapa territorial elaborado con datos del Censo e ingresos por hogar. La modificación también contempla casos puntuales con ajustes de hasta el 149%, cuando se combinan la nueva clasificación territorial y la finalización de bonificaciones vigentes. Según las estimaciones de AySA, los aumentos superiores al 100% alcanzarían al 3% del universo residencial analizado, que no incluye determinados casos atípicos de grandes superficies o consumos.
El debate tarifario se produce mientras avanza la privatización de la compañía. El Gobierno nacional adjudicó la venta del 90% de las acciones estatales por u$s340.200.000 sin IVA a un consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX AQUA AR B.V. y Transclor S.A.; el monto quedó por debajo de los u$s500 millones que se habían anticipado como piso esperado. La operación recibió cuestionamientos por posibles conflictos de intereses y por aportes de empresas vinculadas a la campaña de La Libertad Avanza: Direct Group y Lógico realizaron contribuciones de $20 millones cada una el 28 y el 29 de julio de 2025, según la información pública de la Cámara Nacional Electoral.
Legisladores de la oposición denunciaron el proceso ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y cuestionaron el secreto de los informes de valuación y la postergación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. La Resolución 1818/2026 fijó el 13 de noviembre como fecha límite para firmar el contrato de compraventa, mientras que el cronograma oficial contempla que el operador privado asuma la gestión integral entre enero y febrero de 2027. Hasta entonces, el ERAS deberá expedirse sobre la propuesta tarifaria.