El senador brasileño cambió de estrategia menos de 24 horas después de anunciar que recurriría a la Justicia para invalidar las elecciones.
Flávio Bolsonaro desistió de solicitar la anulación de las elecciones que consagraron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y orientará su ofensiva judicial hacia un pedido de destitución de la fórmula presidencial por presunto abuso de poder económico.
El senador había cuestionado la legitimidad del resultado y anticipado que no reconocería la victoria de Lula. Su planteo se apoyaba en la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, de extender durante dos horas el horario de votación en las secciones que continuaban abiertas por problemas en el traslado de electores.
La falta de argumentos concretos para demostrar que esa medida modificó el resultado, junto con la fragilidad jurídica de la iniciativa, llevó a sus aliados y abogados a recomendarle un cambio de rumbo. También pesaron el escenario desfavorable para sus pretensiones en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el STF, además de las advertencias sobre el costo institucional de desconocer el resultado de las urnas.
La nueva estrategia contempla la presentación de una Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE) contra la fórmula de Lula por presunto abuso de poder económico. El argumento se concentrará en medidas anunciadas por el presidente durante la campaña, que el equipo de Flávio considera electoralistas.
Entre los dirigentes que aconsejaron abandonar el intento de invalidar los comicios estuvo el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Junto con otros referentes, sostuvo que el resultado debía considerarse una cuestión cerrada y advirtió que insistir con la anulación podía generar incertidumbre institucional y perjudicar el futuro político de Flávio.
Lula se impuso por una diferencia superior a los 4,4 millones de votos. Además, los registros citados por Reuters indicaron que poco más de 35.000 sufragios fueron emitidos durante las dos horas adicionales de votación, una cifra que especialistas consideraron insuficiente para justificar la anulación de las elecciones.