La iniciativa será debatida este martes desde las 16 en un plenario de comisiones, aunque La Libertad Avanza todavía no tiene garantizadas las firmas para emitir dictamen.
La Cámara de Diputados debatirá este martes el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en una nueva instancia de negociación entre La Libertad Avanza y los bloques aliados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 16 y contará con la participación de invitados que expondrán sobre la iniciativa.
El oficialismo aún no tiene aseguradas las firmas necesarias para avanzar con el dictamen. El tratamiento había sido postergado luego de que La Libertad Avanza no lograra cerrar un acuerdo con sus aliados, y la discusión continúa condicionada por las diferencias con los sectores dialoguistas.
El proyecto contempla sanciones para las personas y empresas que participen en la exploración o explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. La propuesta amplía las restricciones vigentes, incorpora nuevas consecuencias penales y crea un registro público de infractores. En este punto existe una mayor coincidencia entre los bloques, aunque persisten desacuerdos sobre otros capítulos.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que sería encabezado por el Presidente y coordinaría áreas como defensa, inteligencia, seguridad y política exterior. También generan reparos las atribuciones para responder ante amenazas graves, los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques hostiles, y la posibilidad de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior.
Otro foco de discusión es el artículo 111, referido a las campañas de desinformación y a las acciones destinadas a alterar procesos electorales o afectar el orden público. Las objeciones apuntan a la precisión de las figuras penales y a sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. En las negociaciones, el oficialismo aceptó delimitar las empresas alcanzadas por las sanciones y ajustar la redacción sobre campañas de desprestigio y desinformación.
Además de las disposiciones sobre Malvinas, el texto establece herramientas de coordinación estatal ante amenazas externas, incorpora medidas sobre inteligencia y financiamiento extranjero de actividades políticas, y modifica aspectos vinculados con la protección de infraestructuras críticas.