El análisis de Gendarmería detectó cortes, discontinuidades y rasgos compatibles con una regrabación, pero no pudo determinar el origen de las voces ni descartar una manipulación. El informe todavía no fue incorporado formalmente al expediente.
El peritaje realizado por la Gendarmería Nacional sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no permitió confirmar la autenticidad de las grabaciones ni establecer que las voces correspondan técnicamente a las personas imputadas en la causa por presuntas maniobras de corrupción.
El estudio identificó cortes abruptos, interrupciones e inconsistencias acústicas, además de características compatibles con una transferencia o regrabación. Esos elementos impidieron verificar que los archivos conservaran continuidad e integridad. Los especialistas tampoco pudieron descartar alteraciones posteriores ni el uso de herramientas de inteligencia artificial para modificar o generar voces.
Una de las principales limitaciones señaladas fue la falta de garantías suficientes sobre la preservación del material antes de su análisis. La ruptura de la cadena de custodia impidió asegurar que los archivos hubieran llegado a la pericia en las mismas condiciones en que fueron obtenidos originalmente.
El informe fue ordenado por la Cámara Federal a partir de un pedido de los imputados. Sus conclusiones trascendieron este jueves, aunque fuentes judiciales aclararon que el documento todavía no fue incorporado formalmente a la causa.
Las grabaciones no fueron utilizadas como prueba de cargo para dictar los procesamientos. La Cámara Federal porteña confirmó esas medidas con base en otros elementos reunidos durante la investigación, entre ellos documentación, comunicaciones extraídas de teléfonos y evidencia vinculada con contrataciones y pagos a proveedores.
La investigación continúa bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi. En los últimos días, el expediente avanzó con una nueva ronda de indagatorias a empresarios de droguerías imputados por los hechos de corrupción.