El proyecto establecía una alícuota del 15% sobre las ganancias obtenidas con la venta de certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026.
El Poder Ejecutivo solicitó el retiro completo de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Competitividad Financiera, después de la polémica generada por el artículo que proponía gravar con el Impuesto a las Ganancias los resultados de la compraventa de Certificados de Depósito Argentinos (Cedears).
La iniciativa establecía una alícuota del 15% para las ganancias derivadas de la venta de Cedears adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, inclusive. Las tenencias anteriores no quedaban alcanzadas. El cambio buscaba que el tratamiento tributario dependiera del activo extranjero representado y no del instrumento utilizado para invertir.
El contenido del proyecto se conoció públicamente el martes 3 de noviembre y provocó cuestionamientos en el mercado financiero y en las redes sociales. También generó críticas por su contradicción con el compromiso expresado por el oficialismo de no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. En un primer momento, el Gobierno había anticipado que retiraría solamente el artículo referido a los Cedears, pero finalmente pidió dar de baja todo el expediente a las 22.50 de ese día.
Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), afirmó en su cuenta de X que el apartado tributario provenía de una versión anterior del texto y que sería retirado. Desde el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, señalaron que los aspectos impositivos correspondían al área de Economía.
El proyecto había sido firmado digitalmente por el presidente Javier Milei el sábado 31 de octubre a la 1.42 de la madrugada, junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva. Ingresó esa misma noche a Diputados, aunque su recepción formal quedó registrada el lunes 2 de noviembre.
La propuesta contenía 240 artículos y modificaba más de 20 normas. Entre otros puntos, planteaba cambios en el mercado de capitales, la ampliación de alternativas de financiamiento y una mayor flexibilidad del sistema de garantías. También incluía la emisión, registración y negociación de valores mediante tecnología blockchain, modificaciones a distintas leyes financieras y la posibilidad de utilizar activos virtuales, derechos de propiedad intelectual y créditos futuros como garantías.
Con el retiro, el paquete completo quedó fuera del tratamiento legislativo. El oficialismo no confirmó cuándo presentará una nueva propuesta ni qué cambios aplicará sobre el texto original.