El miércoles se iniciará el segundo proceso contra dos ex policías por las muertes de Mirtha Selva y Alejandro Villalón. Mañana, el Tribunal Federal Dos dará a conocer la sentencia contra Aparicio Díaz y Carolina Cannes.
El próximo miércoles comenzará en la Cámara Once del Crimen, con jurados populares, el segundo juicio contra los ex policías José Vidaurre, de 39 años, y Cristian Ahumada, de 42. Ambos están acusados de doble homicidio calificado por las muertes de Mirtha Selva, de 53 años, y su hijo Alejandro Villalón, de 20, ocurridas el 3 de noviembre de 2014 en Río Tercero.
De acuerdo con la investigación judicial, los imputados habrían provocado el incendio de la vivienda de las víctimas al arrojar una bomba molotov, como forma de “venganza”, alrededor de las 5.30. La casa, construida con madera, se quemó rápidamente y las rejas de puertas y ventanas dificultaron la evacuación. Otras tres personas sobrevivieron, aunque sufrieron quemaduras.
La investigación de la entonces fiscal Andrea Heredia derivó en la detención de los acusados en 2016. Dos años después fueron sometidos a juicio, pero el tribunal integrado por José Arguello, Guarania Barbero y Marcelo Ramognino, junto con jurados populares, los absolvió por la existencia de una duda insuperable. El fiscal Gustavo Martín había solicitado cambiar la carátula a incendio agravado por el resultado y había pedido penas de 10 y 11 años.
Al revisar ese fallo, el Superior Tribunal de Justicia consideró que no se había valorado prueba importante, anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio. Además, luego de aquella absolución, Vidaurre fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por homicidio culposo, debido a un siniestro vial en el que chocó y mató a un joven.
En tanto, mañana finalizará en el Tribunal Federal Dos el juicio contra Aparicio Díaz y su esposa, Carolina Cannes, por presunta trata de personas, reducción a la servidumbre, estafas y abusos, entre otros cargos. El fiscal Carlos Casas Nóblega pidió 25 años de prisión para Díaz y 15 para Cannes; el querellante Miguel Juárez Villanueva solicitó una “pena ejemplificadora”, mientras que los defensores oficiales Jorge Perano y Rodrigo Altamira plantearon la absolución.
Los hechos investigados ocurrieron en Traslasierra. La fiscal Analía Gallaratto inició la investigación en 2021 y, por presunta asociación ilícita, imputó y ordenó detener también a quienes actualmente son querellantes. A mediados de 2022, el juez federal Vaca Narvaja dispuso sus excarcelaciones. Los querellantes reclaman además una reparación económica de $1.160.000.000. La sentencia será dictada por los jueces Enrique Liljedahll, Noel Costa y Fabián Asís.
Durante los alegatos, los acusadores sostuvieron que Díaz dirigía una secta y controlaba la vida de personas vulnerables. Las defensas rechazaron que se tratara de un caso de trata, invocaron la libertad de culto y afirmaron que los denunciantes habían ingresado al grupo por decisión propia. También anticiparon que apelarían una eventual condena.