La fiscal federal Paloma Ochoa pidió abrir una causa penal ante la jueza María Eugenia Capuchetti por el operativo que permitió la salida del dirigente brasileño hacia Estados Unidos a través de Puerto Iguazú.
La fiscal federal Paloma Ochoa presentó un escrito ante la jueza María Eugenia Capuchetti para solicitar la apertura de una investigación penal sobre el eventual uso indebido de bienes y fondos del Estado nacional durante el traslado de Flávio Bolsonaro.
El planteo busca establecer si funcionarios del Poder Ejecutivo intervinieron en el ingreso, la permanencia y la posterior salida del senador brasileño hacia Estados Unidos. Por el momento, la fiscalía no formuló imputaciones directas contra funcionarios y concentra sus tareas en la recolección de pruebas.
El expediente se originó en una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Gobierno, por presunto encubrimiento y malversación de caudales públicos.
Según los registros incorporados a la causa, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre a las 22.50 junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus hijas Carolina y Luiza. La familia cruzó por vía terrestre el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, y a las 23.30 abordó en el aeropuerto internacional un avión privado de Baires Fly. La aeronave despegó de madrugada hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami.
El desplazamiento se produjo después de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera salir de ese país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero e irregularidades financieras vinculadas con el financiamiento de la película Dark Horse.
El episodio también derivó en presentaciones de Esteban Paulón y Marcela Pagano. En Misiones, el fiscal federal Fabián Martínez pidió peritajes y registros de seguridad, pero esa causa fue desestimada luego de verificarse que la familia había ingresado con documentación válida y no tenía órdenes de captura de Interpol. Esa resolución archivó el tramo migratorio, mientras permanece abierta en Comodoro Py la investigación sobre el posible uso de recursos estatales. El Gobierno nacional negó una colaboración irregular y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que el ingreso cumplió con los requisitos formales.