La medida cautelar también reclama investigar la filtración del material del expediente y disponer protección para la hermana de la víctima, quien denunció amenazas.
La familia de Brenda del Castillo presentó una medida cautelar urgente para impedir que continúe la circulación del video que registra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez antes de su asesinato. El planteo fue realizado por el abogado Fernando Burlando ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, que mantiene el secreto de sumario.
La querella solicitó que se prohíba publicar, reproducir o exhibir cualquier registro audiovisual vinculado con las torturas y los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, ocurridos el 18 de septiembre de 2025. El pedido alcanza a medios, portales, redes sociales y particulares, e incluye videos, audios, fotografías, fotogramas y transcripciones que permitan reconstruir escenas de cautiverio, sometimiento o muerte.
También pidió a Meta, Google, TikTok y Telegram que retiren y bloqueen el contenido en un plazo máximo de 24 horas. La presentación reclama, además, preservar las direcciones IP, las fechas y horarios de publicación y la identidad de los titulares de las cuentas que difundieron o replicaron las imágenes. A su vez, solicita desindexar el material de los motores de búsqueda y llevar un registro de cada acceso a los archivos.
El video fue hallado en el teléfono celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido como “Roger”, detenido en una investigación por narcotráfico tramitada en San Isidro. El dispositivo fue peritado con el software forense UFED y el material recuperado quedó incorporado a la causa por el asesinato de las tres jóvenes. Burlando pidió determinar cómo se produjo la filtración, identificar a quienes accedieron al archivo y revisar la cadena de custodia del teléfono.
La familia también reclamó medidas de seguridad para la hermana de Brenda, quien denunció haber recibido amenazas tras la divulgación de las imágenes. Entre las medidas solicitadas figuran custodia policial, un dispositivo de alerta, reserva de su domicilio, prohibición de contacto por parte de los imputados y una evaluación sobre su posible incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
En paralelo, la Fiscalía Federal N°2 de Morón, encabezada por Mariela Labozzetta, exhortó a los medios y a los profesionales de la prensa a no difundir videos ni imágenes de las víctimas. El Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido en la necesidad de evitar la revictimización y preservar la investigación, y citó la Convención de Belém do Pará, la ley 26.485 y la ley 27.372.