El tribunal consideró arbitraria una sentencia de la Cámara Civil y sostuvo que la asociación debe completar la cancelación de su inscripción en la jurisdicción de origen para cambiar su domicilio social.
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Civil que había favorecido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y habilitado su funcionamiento en la provincia de Buenos Aires. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron arbitrario ese fallo, dictado el 18 de junio pasado.
El máximo tribunal sostuvo que la Inspección General de Justicia (IGJ) conserva sus facultades de fiscalización sobre la entidad. También estableció que la cancelación de la inscripción en la jurisdicción de origen es un requisito necesario para completar el cambio de domicilio social.
El conflicto comenzó con la asamblea del 17 de octubre de 2024, cuando la AFA aprobó por unanimidad modificar su estatuto para fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. La decisión permitió iniciar el trámite para dejar la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y quedar bajo control del organismo provincial, pero la IGJ rechazó la inscripción del cambio y la cancelación registral de la entidad.
La AFA cuestionó esas resoluciones ante la Justicia y la Cámara Civil le dio la razón. La IGJ apeló ante la Corte Suprema, que ahora revocó la sentencia y determinó que, mientras no se complete la cancelación de la inscripción original, la asociación continuará bajo la fiscalización del organismo correspondiente a esa jurisdicción.
En otra decisión, la Corte Suprema rechazó la unificación, en el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, de las causas vinculadas con denuncias por supuesto fraude, lavado de dinero y manejo irregular de fondos en el exterior. El expediente permanecerá en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo de Paula Petazzi.
La unificación había sido solicitada por los acusados y sugerida en un dictamen del procurador general Eduardo Casal. La decisión alcanza a las causas en las que están involucrados dirigentes de la AFA y podría reactivar la investigación contra la asociación y el empresario Javier Faroni, quien controla una empresa que cobraba en el exterior los dividendos de la organización dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia.