La Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia avanzan con peritajes y revisión de documentos tras la acusación de una excontratista de 26 años.
Gustavo Petro quedó bajo investigación de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a partir de la denuncia presentada por Deicy Jiménez, una excontratista de 26 años. La joven lo acusó de ofrecer contratos públicos a cambio de relaciones sexuales y favores personales, y de pedirle que trasladara drogas.
Jiménez, quien trabajó en distintas dependencias estatales, difundió conversaciones que habría mantenido con el exmandatario durante una entrevista con la revista Semana. En uno de esos intercambios, Petro presuntamente le solicitó comprar cocaína y llevarla en avión hasta Bogotá.
La denunciante también publicó un video grabado en un ámbito privado en el que aparece junto a Petro, con imágenes de ambos abrazados y besándose. Presentó el material como respaldo de sus acusaciones, aunque la fecha de la grabación no pudo ser corroborada. Además, entregó su teléfono a la Fiscalía para que sea sometido a peritajes y pidió garantías para ella y su familia.
Como parte de la investigación, la Corte Suprema ordenó inspeccionar la Secretaría General del Senado para reunir documentación sobre los contratos de Jiménez. Los registros oficiales indican que la joven prestó servicios en cuatro dependencias estatales desde 2023, entre ellas el Senado y el Ministerio del Interior.
En el Ministerio del Interior fueron confirmados dos contratos por un monto cercano a los 41 millones de pesos colombianos: uno de 11 millones, firmado en agosto de 2025, y otro de 30 millones, suscripto en enero de 2026. Tito Lorenzo Lovo Carretero, exdirector de Seguridad y Convivencia, afirmó que las contrataciones respondieron a necesidades operativas y negó que hubiera recomendaciones externas. El caso también incluye una revisión de contratos otorgados a 48 mujeres durante la gestión de Petro, anunciada por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ríos.
La representación legal de Jiménez cambió después de que Felipe Caballero renunciara por motivos de seguridad ante presuntas amenazas. Su nueva abogada, Dina Luz Malo Andrade, denunció seguimientos e intimidaciones y pidió la intervención de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección. Petro rechazó haber utilizado contratos estatales para obtener favores personales, cuestionó la difusión del video porque aún no fue examinado por peritos ni evaluado por un juez, y anunció que responderá ante las autoridades.