El oficialismo busca que Diputados vote el proyecto el 25 de noviembre, mientras negocia partidas para provincias, universidades, transporte y leyes vigentes.
El proyecto de Presupuesto 2027 atraviesa una etapa de definición en Diputados, donde el Gobierno pretende obtener la sanción el 25 de noviembre, tres semanas después de la primera fecha fijada como objetivo. La demora está vinculada con los pedidos del PRO y de los bloques provinciales, que reclaman modificaciones y financiamiento para distintas áreas.
En las conversaciones legislativas, algunos referentes de La Libertad Avanza responden “Hablá con Guberman” cuando se les consulta por cambios en la iniciativa. Un diputado aliado describió una posición intransigente del oficialismo: señaló que el ala política está más dispuesta a dialogar, pero que ante los pedidos de financiamiento sostiene que ya es tarde para modificar la planilla de anexos, cerrada en junio.
Los gobernadores comenzaron a encabezar reclamos por obras públicas, fondos previsionales y recursos para universidades y discapacidad. La deuda por fondos previsionales asciende a u$s2.899.574.222, que debería distribuirse entre 13 provincias. En materia universitaria, se solicitan $11 billones para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, frente a los $7,5 billones ofrecidos.
El tucumano Osvaldo Jaldo y el cordobés Martín Llaryora reiteraron sus pedidos durante la semana, mientras que el salteño Gustavo Sáenz reclamó una distribución equitativa de los subsidios al transporte público. Unos 80 intendentes participaron el miércoles de una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, donde rechazaron la reducción del Programa Remediar, de 126 medicamentos a 6, y pidieron un reparto eficiente de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. El reclamo por ese impuesto también fue tomado por el PRO, que propuso reducirlo.
Entre las propuestas del PRO figuran bajar el IVA de los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, extender los regímenes de promoción automotriz y autopartista que vencen el 31 de diciembre de 2027 e incorporar un régimen antievasión con intercambio de información sobre billeteras virtuales. También solicitó autorización para operaciones de financiamiento de la Línea F y el Belgrano Sur en la ciudad de Buenos Aires, además de la regularización de transferencias de coparticipación. El diputado del MID Eduardo Falcone pidió destrabar fondos de la CAF para completar la duplicación de la calzada de la ruta nacional 5 entre Suipacha y Mercedes.
El diputado catamarqueño Sebastián Nóblega declaró a Ámbito que entre las concesiones alcanzadas se acordó que la provincia asuma la reparación de la ruta nacional 38 en la Cuesta del Totoral, aunque advirtió por las rutas nacionales 157 y 60. También reclamó proteger las partidas del INTA y aumentar el bono para jubilados, cuya suma fija es de $70.000 desde 2023. En tanto, el peronismo planteó eliminar el artículo 17, que deroga la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, y cuestionó la quita de partidas específicas para la Línea 144 y el congelamiento del monto de 2026 destinado a Educación Sexual Integral, equivalente a $4 por adolescente. El bonaerense Carlos Castagneto dijo a Ámbito que propondrán restablecer las leyes que el Gobierno no está cumpliendo con recursos de la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, que tendría asignados $14,9 billones.
Para discapacidad todavía resta una aprobación del Senado. La votación se proyecta holgada a partir de una promesa del Palacio de Hacienda que aún no fue ratificada: derogar los artículos 36 al 41 del Presupuesto 2027. La partida de Obligaciones a Cargo del Tesoro no tiene personal ni edificio y constituye la tercera erogación más onerosa del proyecto. Carlos Guberman está a cargo de esa asignación y ejecutará lo que se disponga desde la Casa Rosada.