La herramienta será pública y gratuita, funcionará bajo la Subsecretaría de Empleo y fue formalizada mediante la Resolución 252/2026, publicada este viernes.
El Ministerio de Trabajo bonaerense puso en marcha el Servicio Bonaerense de Empleo, una estructura destinada a facilitar el acceso al trabajo, promover la intermediación laboral y mejorar la empleabilidad de los trabajadores de la provincia.
La creación quedó establecida en la Resolución 252/2026, firmada por el ministro Walter Correa y publicada este viernes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. La norma también aprobó el Reglamento Operativo del servicio, incorporado como anexo.
La Subsecretaría de Empleo será la autoridad de aplicación y la Dirección Provincial de Empleo tendrá a su cargo las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del programa. La implementación se realizará mediante las delegaciones regionales y la red de oficinas de empleo.
El servicio reunirá políticas de intermediación laboral, orientación profesional, formación y producción de información estratégica sobre el mercado de trabajo. También buscará conectar las políticas activas de empleo con oportunidades del sector privado, asistir a personas desocupadas o que pretendan mejorar su inserción e incentivar a las empresas a generar puestos.
Entre las acciones previstas figuran la terminalidad educativa, la formación profesional, la certificación de competencias laborales, el impulso al autoempleo mediante emprendimientos y el apoyo a procesos cooperativos. Además, contará con un portal web orientado a promover la igualdad de oportunidades en el reclutamiento y el acceso al trabajo “en condiciones de equidad y no discriminación”, ampliar las búsquedas para emprendedores y facilitar la contratación de personal.
La información recopilada y almacenada por el servicio y sus herramientas digitales deberá gestionarse de acuerdo con la Ley Nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales, con garantía de confidencialidad y uso exclusivo para los fines del programa. Entre los fundamentos, el Gobierno bonaerense citó el artículo 39 de la Constitución provincial y el Convenio 88 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Argentina, que establece la obligación de organizar y mantener un servicio público y gratuito de empleo.