El expresidente paraguayo fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial luego de un operativo en su domicilio y de manifestaciones frente a la vivienda. La audiencia ante el Ministerio Público está prevista para este sábado a las 11:00.
Santiago Peña fue detenido después de que el Senado de Paraguay aprobara su destitución mediante un juicio político vinculado con la crisis financiera de Ueno Bank. El exmandatario quedó bajo custodia y deberá prestar declaración indagatoria este sábado a las 11:00 ante el Ministerio Público.
La orden de detención fue ejecutada en la residencia de Peña por los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco, junto con agentes de la Policía Nacional. En un primer momento, las autoridades dispusieron el arresto domiciliario, pero durante la madrugada resolvieron trasladarlo al Regimiento Escolta Presidencial por dificultades para garantizar su seguridad.
El operativo se produjo mientras había manifestaciones en las inmediaciones de la vivienda, ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción. Vecinos identificados como residentes del barrio La Piedad reclamaron que el expresidente fuera llevado a la penitenciaría de Tacumbú y cuestionaron que permaneciera bajo arresto domiciliario. Tres camionetas salieron del domicilio con destino al regimiento, donde Peña quedó alojado bajo custodia.
La causa penal está identificada con el número 92/2026 y fue impulsada mediante la Resolución Fiscal N.º 7, fechada el 6 de noviembre de 2026. El expediente investiga presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank y contempla posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. También está involucrado el ex titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo, quien se entregó el viernes ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Asunción.
El abogado Ricardo Preda cuestionó las condiciones de la detención y rechazó una eventual prisión preventiva. Afirmó que Peña permitió voluntariamente el ingreso de los agentes a su domicilio, que colaborará con la investigación y que no intentará evadir las citaciones. También sostuvo que todavía desconoce cuáles son los hechos concretos atribuidos al expresidente y calificó de “enunciaciones abstractas” las figuras penales comunicadas hasta el momento.
Después de la declaración, la Fiscalía deberá analizar los elementos reunidos y definir si corresponde avanzar con una imputación formal. En ese caso, también podría solicitar medidas cautelares. La defensa sostiene que no existen elementos que permitan acreditar riesgo de fuga u obstrucción de la investigación y que la prisión preventiva no debe utilizarse como una sanción anticipada.