El exsecretario general del gremio deberá presentarse el 17 de noviembre. También fue convocada María Soledad Calle, exempleada sindical y fundadora de USEM SA.
Abel Furlán, exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), fue citado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntos fraudes con fondos provenientes de los aportes de los afiliados. La convocatoria fue fijada para el 17 de noviembre, mientras que María Soledad Calle deberá presentarse el 24 de este mes.
La investigación analiza un contrato firmado en febrero de 2023 entre la UOM y USEM SA, una empresa creada dos meses antes para administrar el presupuesto del sindicato y de su obra social a cambio de una comisión del 0,5%. El expediente señala una presunta falta de transparencia en la adjudicación y ausencia de documentación sobre el control de los fondos que circularon por las cuentas de la firma.
Uno de los principales puntos de la pesquisa es la entrega de aproximadamente 959.000 dólares en efectivo desde una seccional de la UOM a USEM SA. Según el expediente, el dinero habría sido destinado a una caja de seguridad del Banco Nación, aunque no existiría documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos. El banco fue requerido para informar los titulares, las personas autorizadas, la fecha de apertura y el registro completo de accesos a la caja «CS 155.09».
El fallo también dispuso la inhibición general de bienes de Furlán y Calle. La medida fue fundamentada en la magnitud de la maniobra investigada, indicios de crecimiento patrimonial y la necesidad de preservar eventuales bienes de origen ilícito. Además, se ordenó bloquear el acceso a cajas de seguridad a nombre de USEM SA y de la UOM, impedir modificaciones en la composición accionaria de la empresa y enviar comunicaciones a distintos registros públicos y al Banco Central.
La resolución sostiene que Calle era empleada de la UOM y poseía el 50% de USEM SA, donde figuraba como directora suplente. El otro 50% pertenecía a Adalberto Braconi, presidente de la compañía. Según el escrito, no se acreditaron una compulsa de precios, una evaluación de antecedentes ni mecanismos para prevenir ese posible conflicto de intereses.
La causa también examina las condiciones del contrato, que establecía una retribución porcentual sin vinculación con la cantidad o complejidad de las operaciones, la dotación afectada o resultados verificables. El documento indica que USEM podía rescindir con un preaviso de treinta días, mientras que la UOM y su obra social no contaban con esa facultad, salvo ante la insolvencia de la contratista. Calle fue desvinculada de la UOM tras la intervención judicial del gremio, que actualmente permanece intervenido por irregularidades financieras y en sus últimos comicios internos.