La defensa de Tony Janzen Valverde pidió medidas de protección en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y reclamó investigar cómo se difundieron las imágenes.
Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, denunció haber recibido amenazas de muerte de otros presos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, horas después de la filtración del video de las torturas a Lara Gutiérrez.
La adolescente, de 15 años, fue asesinada junto con Morena Verdi y Brenda Del Castillo en el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre de 2025. Según la presentación de su abogado, Lucas Contreras Alderete, Valverde escuchó gritos intimidatorios mientras permanecía alojado en el sector de alto riesgo del penal.
“Mata conc…, te vamos a hacer cagar”, habrían dicho otros internos, de acuerdo con el relato del acusado. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, que investiga el caso. El defensor solicitó protección inmediata, la separación preventiva de los presuntos agresores sin que eso implique un aislamiento sancionatorio, una evaluación del nivel de riesgo y la intervención de la Procuración Penitenciaria.
Las imágenes filtradas también fueron cuestionadas por la defensa. De acuerdo con los investigadores, en el video aparece “Pequeño J” mientras retiene por la fuerza a Lara, a quien otro sospechoso le amputa un dedo para mostrarlo frente a la cámara. El señalado como autor de la mutilación es José Miguel Lozano Cerrón, quien permanece prófugo, mientras que Pablo Macalopu Cafferata, alias “Roger”, es mencionado como el director de las torturas. Para los investigadores, la persona que sujeta a la adolescente es Valverde, cuya presencia en la casa del crimen había sido negada por él.
Además de denunciar las amenazas, Contreras Alderete pidió determinar cómo el video llegó a los medios de comunicación. El material había sido recuperado del teléfono de un subalterno de “Roger” durante una investigación por narcotráfico a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La familia de Lara había anunciado que denunciaría a la magistrada por la presunta filtración.
El abogado también solicitó extraer testimonios y acceder al expediente de Arroyo Salgado, incluida la resolución que autorizó el allanamiento y el secuestro, el acta de incautación, la cadena de custodia, la orden de peritaje y las actas e informes técnicos vinculados con la apertura, extracción y análisis del teléfono. En su presentación cuestionó la legalidad de la pericia y sostuvo que el secuestro lícito de un celular no habilita a revisar sin límites todos los datos que contiene.