El canciller señaló que el Gobierno recurrirá a herramientas legales, diplomáticas y judiciales para frenar el proyecto Sea Lion y reclamó que el Reino Unido acate un eventual fallo internacional.
El canciller Pablo Quirno afirmó este jueves que la Argentina podría iniciar acciones penales contra directivos de Rockhopper y Navitas por su participación en proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
En declaraciones radiales, sostuvo que las empresas y sus responsables están cometiendo delitos según la legislación argentina y respondió de manera afirmativa cuando fue consultado sobre la posibilidad de avanzar contra personas físicas en territorio argentino. Las dos compañías, recordó, ya fueron sancionadas bajo las normas nacionales.
Quirno aseguró que el Gobierno empleará todos los instrumentos disponibles para impedir la explotación de recursos naturales en el archipiélago, incluidos mecanismos legales, diplomáticos, judiciales y acciones ante organismos internacionales. Las declaraciones se conocieron luego de que el diario británico The Guardian informara sobre advertencias a directivos de Rockhopper Exploration por eventuales procesos penales, penas de prisión y multas.
El funcionario también defendió la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. El pedido busca medidas provisionales para suspender las actividades hasta la conformación del tribunal arbitral que analizará la controversia. Según explicó, la urgencia responde a que el comienzo de la explotación está previsto para el primer trimestre de 2027.
Quirno aclaró que el tribunal no resolverá la cuestión de soberanía, sino el conflicto vinculado con la explotación de recursos naturales. Además, sostuvo que el Reino Unido debería cumplir una eventual decisión favorable a la Argentina por ser parte de la convención internacional que contempla ese mecanismo.
En relación con una posible conexión marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, el canciller indicó que la legislación argentina permite la libre circulación de embarcaciones, pero exige autorizaciones para los buques que transporten carga hacia o desde el archipiélago. También expresó su expectativa de que Chile mantenga su respaldo histórico al reclamo argentino y no colabore logísticamente con la explotación de recursos en las islas.