El ex juez de la Corte Suprema fue removido en diciembre de 2003 mediante un juicio político durante la presidencia de Néstor Kirchner.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, quien integraba la Corte Suprema de Justicia y fue apartado de su cargo mediante un juicio político.
El tribunal sostuvo que la remoción vulneró la independencia judicial porque se basó en el contenido de sentencias firmadas por el magistrado durante su función. También señaló irregularidades en el proceso y afirmó que un juicio político por mal desempeño no puede justificarse en las decisiones adoptadas por un juez en ejercicio.
Según la sentencia, durante el trámite parlamentario no hubo sustento suficiente para disponer la destitución y tampoco se ofrecieron respuestas adecuadas a los recursos presentados por Moliné O’Connor. La Corte Interamericana cuestionó además la revocación de su pensión vitalicia en 2004 y la demora de casi veinte años en resolver el reclamo contencioso-administrativo.
El tribunal ordenó al Estado aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como Moliné O’Connor falleció en agosto de 2014, dispuso medidas económicas y administrativas en favor de sus herederos, con un plazo de cumplimiento de un año.
La Argentina deberá restablecer el régimen de pensión previsto por la Ley 24.018, con efecto retroactivo a la fecha de su fallecimiento. Además, deberá pagar una indemnización de 300.000 dólares a su viuda, 75.000 dólares a cada uno de sus cuatro hijos y 30.000 dólares a los representantes legales por costas y gastos.
Moliné O’Connor había sido designado juez de la Corte Suprema en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. El Senado lo destituyó el 3 de diciembre de 2003 por 45 votos contra 19, bajo la acusación de mal desempeño en sus funciones.