La iniciativa obtuvo 237 votos a favor en Diputados y el peronismo anticipó que acompañará su aprobación en la Cámara alta.
El proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad podría llegar al recinto del Senado el 19 de noviembre. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo previo: en la Cámara de Diputados reunió 237 votos afirmativos, tuvo 9 rechazos y registró 4 abstenciones.
En ese escenario, Patricia Bullrich se refirió públicamente a la propuesta, mientras todavía no están definidos los apoyos necesarios para avanzar con la reforma electoral. El peronismo, uno de los sectores que impulsó el texto, adelantó que acompañará la ley.
Según anticipó Ámbito, la intención es tratar el proyecto en la sesión del 19 de noviembre, donde se espera una aprobación holgada. Bullrich sostuvo en sus redes sociales que se trata de “una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa” y afirmó que el país se construye “con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.
La iniciativa elimina la figura de emergencia y fija nuevos requisitos para acceder a las pensiones. Exige el Certificado Único de Discapacidad, acreditar identidad, edad y nacionalidad, además de cumplir con condiciones de ingresos y una evaluación socioeconómica. Para las personas extranjeras, establece una residencia legal mínima y continua de cinco años. El solicitante tampoco podrá percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, aunque la pensión será compatible con un empleo formal dentro de ese límite.
El texto prevé la rehabilitación inmediata de una pensión suspendida cuando finalice el vínculo laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope. También establece que las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado.
La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías y controles periódicos. Si los cruces de datos indican que una persona podría haber dejado de cumplir las condiciones, deberá ser notificada y tendrá un plazo para presentar su descargo antes de una eventual suspensión preventiva. Además, los beneficiarios tendrán garantizada la cobertura de las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901.
El proyecto dispone que el Presupuesto asegure los recursos necesarios para sostener el sistema y que el ingreso por beneficiario no sea inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. También habilita readecuaciones presupuestarias y establece que el Poder Ejecutivo publique, dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma, un cronograma para pagar compensaciones pendientes a prestadores. Esos pagos deberán completarse en un plazo de 90 días corridos para quienes hayan terminado el trámite administrativo, junto con una capacitación obligatoria para los prestadores.