El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia provincial y cuestionó que no se analizara si el trámite administrativo ofrecía una respuesta efectiva para una adolescente con discapacidad que dejó de asistir a la escuela.
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había rechazado un amparo presentado por la madre de una adolescente con discapacidad. La acción reclamaba que se garantizara la continuidad de su escolarización mediante un Proyecto Pedagógico Individual (PPI).
El planteo había sido promovido contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE), con el pedido de que cesara la conducta que la madre consideraba lesiva y omisiva y se implementara una propuesta educativa inclusiva para su hija. En primera instancia, la Justicia había admitido la acción y ordenado elaborar un proyecto pedagógico individual.
Luego, el tribunal superior provincial revocó esa decisión al considerar que ya existía un expediente administrativo sobre la situación escolar. La Corte, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la existencia de ese trámite no bastaba para descartar la vía judicial. Rosatti y Rosenkrantz señalaron que no se había evaluado si el procedimiento constituía una alternativa útil y efectiva para proteger los derechos invocados.
El expediente administrativo se había iniciado en abril de 2025. Allí, las autoridades educativas ofrecieron un cambio de trayectoria hacia una escuela integral, con cursado de Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología, un proyecto pedagógico individual y el acompañamiento de una maestra. También propusieron el ingreso a la escuela especial Mayor E. Pastor, alternativas que fueron rechazadas por la madre por considerar que no aseguraban una educación inclusiva acorde con las necesidades de su hija.
La adolescente dejó de concurrir a la escuela secundaria en mayo de 2025. Después, la Supervisión de Educación Especial informó que había presentado distintas opciones educativas y cuestionó la negativa de la tutora. La madre, en tanto, envió una carta documento al CGE el 4 de agosto de 2025 para denunciar el incumplimiento de las normas sobre educación inclusiva y reclamar una propuesta adecuada.
Los jueces Rosatti y Rosenkrantz remarcaron que el tribunal entrerriano debía actuar con premura y no detenerse en formalismos que impidieran el acceso a la Justicia. En su voto concurrente, Lorenzetti recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen el acceso a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación. También afirmó que el derecho a la educación es operativo y otorga a su titular una pretensión jurídica de implementación.