Los fundamentos de la sentencia atribuyeron un 50% de responsabilidad a cada uno por el siniestro del 29 de octubre de 2022. La Provincia también fue condenada civilmente por las indemnizaciones.
Los fundamentos de la sentencia contra Oscar González establecieron que el exlegislador y Alejandra Bengoa tuvieron un 50% de responsabilidad cada uno en el choque ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, en el que murió la conductora.
El camarista Santiago Camogli consideró que Bengoa intentó sobrepasar un camión en un sector donde la maniobra estaba prohibida y sin contar con espacio suficiente para regresar a su carril. Frente a esa situación, González giró hacia la izquierda e invadió la mano contraria, aunque, según el juez, también podría haber frenado o dirigido el vehículo hacia la banquina derecha.
La distribución de responsabilidades civiles no modificó la condena penal impuesta a González el 20 de octubre: tres años de prisión condicional, ocho años de inhabilitación para conducir y el pago de las costas, por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en perjuicio de Bengoa, Marina Szulewicz y Alexa Miranda. La Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores rechazó aplicar la figura de homicidio simple por dolo eventual.
Camogli diferenció el caso del siniestro de Amoedo, ocurrido en 2021 en la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba. Señaló que González no conducía en zigzag, no estaba alcoholizado ni drogado, no manipulaba el celular, no superaba el límite de velocidad ni circulaba en contramano. Además, los peritos no hallaron llamadas ni conversaciones en el Samsung A32 del exlegislador durante el intervalo del choque, registrado entre las 15:50 y las 15:59.
En el plano civil, el Gobierno provincial quedó obligado junto con González a responder por las indemnizaciones. El juez consideró que ambos eran guardianes de la BMW, que había sido secuestrada judicialmente y luego entregada al Poder Legislativo para funciones oficiales. El vehículo tenía una patente apócrifa y estaba bajo custodia estatal, mientras que González contaba con licencia vigente, autorización para conducirlo y cobertura del sistema provincial de resguardo automotor.
El capital fijado para las tres condenas civiles asciende a $2.010.488.249,16, sin intereses. Alexa Miranda Gonzáles recibirá $1.625.279.401; Marina Szulewicz, $353.575.089,30; y Vera Szulewicz, $31.633.758,86. La sentencia también cuestionó el planteo de los abogados de las querellantes, que habían pedido modificar la calificación legal sin cambiar la descripción del hecho, y dispuso no regular sus honorarios en la faz penal.