La medida alcanza corredores de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Chubut y otras provincias. Economía tendrá 12 meses para convocar las licitaciones y la operación quedará a cargo de empresas privadas.
El Gobierno nacional amplió la Red Federal de Concesiones mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La norma permite incorporar 27 tramos de rutas nacionales al régimen de concesión previsto por la Ley 17.520.
El esquema contempla que empresas privadas construyan, exploten, reparen, amplíen y mantengan los corredores a cambio del cobro de peajes. También podrán desarrollar actividades complementarias para obtener ingresos adicionales. Cada ruta podrá integrarse de manera total o parcial, siempre que el sector correspondiente no se encuentre concesionado.
Entre los recorridos incluidos figuran la ruta 3, en sectores de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz; la 22, junto con La Pampa; la 33; la 35, que atraviesa Buenos Aires, La Pampa y Córdoba; la 228 y el acceso A0017. También se incorporó la ruta 9 en Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy, además de la 34 entre Jujuy y Salta, la 38 en Córdoba y La Rioja, la 50 en Salta, y las rutas 60 y 158 en Córdoba.
La ampliación alcanza además a las rutas 11, en Santa Fe, Chaco y Formosa; 12, en Entre Ríos; 14, entre Corrientes y Misiones; y 16, en Santiago del Estero, Chaco y Salta. La nómina incluye las rutas 81 y 86 en Formosa, las 120, 121 y 122 en Corrientes, la 89 entre Chaco y Santiago del Estero, y las rutas 25 y 26 en Chubut y 237 en Neuquén. Completan el listado las rutas 151 y 152 en La Pampa.
El Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Transporte, deberá definir los nuevos tramos con base en el anexo del decreto y luego elaborar los pliegos, convocar licitaciones nacionales e internacionales, analizar las ofertas y firmar los contratos. Antes deberá contar con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El plazo para realizar los llamados es de 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma.
La DNV será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el control de las concesiones. El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá financiar obras y tareas de mantenimiento, mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y reducir los costos logísticos sin comprometer recursos estatales ni el equilibrio de las cuentas públicas. El programa se apoya en la Ley Bases y contempla rutas que ya habían aparecido en etapas anteriores, entre ellas la 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35.