El proyecto, que ya obtuvo media sanción del Senado, enfrenta diferencias por los porcentajes de corte, la protección a las empresas no integradas y su impacto en los precios y la recaudación.
La reforma de la ley 27.640 de biocombustibles quedó pendiente en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita acordar modificaciones con sus aliados para reunir los votos. El presidente de la Cámara, Martín Menem, incluyó la iniciativa entre las prioridades del Congreso y anticipó que habrá sesiones extraordinarias.
El Gobierno sostiene que no hay margen para introducir nuevos cambios respecto del texto discutido en el último plenario. En cambio, el PRO, el MID y la UCR impulsan una redacción que eleva del 10% al 11% el corte obligatorio de biodiésel y extiende de 2036 a 2038 la protección del cupo destinado a las empresas no integradas.
El peronismo propone llevar el corte del biodiésel al 12,5% y mantener protegido el cupo para las compañías no integradas. Los bloques dialoguistas advierten que la propuesta tendría un costo mayor. Entre los productores tampoco hay acuerdo: las empresas no integradas sostienen que el mercado podría quedar concentrado en grandes firmas integradas, mientras que otro sector reclama evitar una reforma que, según planteó Eduardo Falcone, afectaría a 25 pymes.
La iniciativa también genera preocupación por sus efectos económicos. El aumento de los cortes podría trasladarse a los precios en un año electoral, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un impacto recaudatorio negativo de $245.952 millones debido a la exención de los biocombustibles del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Las petroleras, que disputan su cuota de mercado, consideran que el 10% es el punto de equilibrio.
El mayor respaldo a la sanción proviene de las provincias productoras de maíz y de representantes del norte argentino. En ese marco, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió con dueños de ingenios, quienes remarcaron sus inversiones y el crecimiento de más del 50% en la superficie sembrada con caña de azúcar desde 2010.
Si Diputados aprueba un texto diferente al que recibió del Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta. La expectativa está puesta en el período de sesiones extraordinarias; de no alcanzarse un acuerdo, la discusión podría quedar para 2027 o perder impulso. La reforma prevé elevar el corte de bioetanol del 12% al 15%, con reservas para producciones de caña y maíz, y aumentar gradualmente el de biodiésel del 5% al 10%, además de establecer límites de participación y cupos para empresas no integradas.