Las auditorías, la falta de documentación y algunas incompatibilidades pueden interrumpir el pago. El procedimiento depende del motivo y del estado de cada expediente.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral están destinadas a personas con una incapacidad total y permanente para trabajar. Como referencia, la normativa exige acreditar una disminución del 66% o más de la capacidad laboral mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) y los antecedentes clínicos correspondientes. ANSES liquida y paga los beneficios, mientras que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) interviene en las evaluaciones médicas, socioeconómicas y en las decisiones sobre su continuidad.
El Decreto 843/2024 modificó el régimen del Decreto 432/97 y habilitó a la ANDIS a realizar auditorías para verificar que los titulares mantengan los requisitos. La prestación puede suspenderse por inasistencia reiterada e injustificada a las citaciones, falta de certificados o informes solicitados, datos personales desactualizados, percepción indebida de haberes, incompatibilidades o una situación judicial, como la detención del titular.
La suspensión temporal no equivale a la caducidad definitiva. En el primer caso, el pago se interrumpe mientras se analiza un posible incumplimiento y el beneficiario puede presentar un descargo. Por ejemplo, una persona que no asistió a una auditoría debido a una internación puede justificar la ausencia con documentación. La caducidad puede producirse por el fallecimiento o la declaración judicial de fallecimiento presunto, la renuncia voluntaria, el abandono del país en las condiciones previstas, la falta de cobro de tres mensualidades consecutivas sin justificación, una incompatibilidad con otra prestación, la desaparición de las condiciones que originaron el beneficio o una condena a prisión o reclusión superior a tres años.
Para iniciar un reclamo, primero es necesario conocer la causa concreta de la interrupción. Según el caso, pueden solicitarse el DNI vigente, el CMO, documentación clínica, estudios e informes recientes, constancias que justifiquen la ausencia a una auditoría, comprobantes de actualización del domicilio o de los datos personales y documentación vinculada con una incompatibilidad.
La gestión puede comenzar ante ANSES o ANDIS, de acuerdo con el motivo de la suspensión y el estado del expediente. En ANSES existen trámites de descargo por incompatibilidad, reconsideración por suspensión y reclamos por haberes retenidos o suspendidos; varias de estas gestiones requieren turno presencial. Si el caso está relacionado con una auditoría, la respuesta debe presentarse ante ANDIS. Los trámites son gratuitos y personales. Ante el rechazo de una solicitud puede interponerse un recurso de reconsideración, y el Decreto 843/2024 fija un plazo de 60 días desde la notificación para cuestionar una resolución denegatoria de la pensión.