La iniciativa de Delfina Velázquez plantea preservar sectores vinculados con la Masacre del Pabellón Séptimo y destinar el 65% del terreno a espacio público, en contraste con el plan porteño de combinar un pulmón verde con desarrollo inmobiliario.
Con el penal de Devoto formalmente deshabitado, la Legislatura porteña comenzó a recibir propuestas sobre el futuro del predio. El peronismo presentó un proyecto para crear un parque público y conservar parte de las instalaciones como Espacio para la Memoria, con el objetivo de proteger sitios vinculados con la represión ilegal y las investigaciones judiciales aún vigentes.
La iniciativa es impulsada por la legisladora de Fuerza Buenos Aires Delfina Velázquez. El proyecto propone afectar el 65% del terreno a “Urbanización Parque” y el 35% restante a un “Distrito de Zonificación Equipamiento Especial”, donde funcionaría el espacio de memoria. La propuesta se diferencia del esquema que analizan funcionarios porteños, que contempla destinar el 65% a espacio público y vender el resto para desarrollos inmobiliarios.
El predio pertenece al Gobierno nacional y pasará a manos de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene unos 48.215,5 metros cuadrados, equivalentes a cinco manzanas, y una superficie edificada de 39.185 metros cuadrados. La cárcel fue desalojada después del traslado de más de 1.400 detenidos a nuevos pabellones del complejo de Marcos Paz; los últimos 69 fueron reubicados el jueves posterior al encuentro que mantuvieron con el papa León XIV.
Durante la última dictadura, Devoto funcionó como centro de detención de presos y presas políticas. Por el establecimiento se estima que pasaron más de 1.200 personas detenidas ilegalmente, en su mayoría mujeres, y el Congreso lo catalogó como Sitio de Memoria en 2012 bajo la Ley Nacional N° 26.691. La Ciudad de Buenos Aires no adhirió a esa norma, una situación que podría generar tensiones durante el debate parlamentario.
Entre los sectores que el proyecto busca preservar se encuentran el Pabellón Séptimo, las plantas V y VI, el pabellón 49 —conocido como “pabellón de las madres”—, las celdas de tortura, el tanque de agua, el Centro Universitario Devoto y el Hospital Penitenciario Federal. La propuesta apunta a permitir que sobrevivientes, ex presos y presas políticas y familiares de víctimas continúen realizando reconocimientos y recorridas para identificar espacios de valor probatorio y simbólico.
En el Pabellón Séptimo ocurrió el 14 de marzo de 1978 una represión seguida de un incendio, en la que murieron unas 65 personas y otras 88 sufrieron heridas graves. En diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 condenó a 25 años de prisión a los exfuncionarios penitenciarios Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez por los tormentos seguidos de muerte contra los fallecidos y los tormentos padecidos por sobrevivientes. El proyecto fue girado a la comisión de Planeamiento Urbano, que preside Edgardo Alifraco, y también cuenta con el respaldo de Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Alejandro Salvatierra.