La causa analiza un alquiler a nombre de Cristian Sebastián Ibáñez y un acuerdo por la cría, el engorde y la esquila de 7.000 ovejas en establecimientos vinculados a Austral Agro.
La Justicia intenta determinar si Lázaro Báez continúa administrando bienes alcanzados por medidas judiciales desde el penal de Ezeiza mediante una red de colaboradores. La investigación está a cargo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate.
Entre la documentación incorporada al expediente figura un contrato de alquiler de la estancia La Entrerriana, ubicada en Santa Cruz y perteneciente a Austral Agro. El acuerdo fue firmado a nombre de Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, por un plazo de tres años, desde el 1° de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2029, con un canon mensual de 2 millones de pesos.
Ibáñez es señalado por los investigadores como uno de los hombres de confianza de Báez y también es investigado por sus presuntos vínculos con una banda dedicada al narcotráfico en Santa Criz. Según la documentación secuestrada durante los allanamientos, no habría pagado el alquiler desde el inicio del contrato y acumularía una deuda de 12 millones de pesos.
La pesquisa también examina un contrato de capitalización ganadera firmado el 22 de marzo de 2025 entre Austral Agro, representada por su presidenta Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid. El acuerdo establecía que Godfrid aportaría 7.000 ovejas de su propiedad para su cría, engorde y esquila en la estancia Coronel Guarumba.
La empresa debía proporcionar los campos para el pastoreo, garantizar la alimentación y aportar la mano de obra para el cuidado y la vigilancia de los animales. Además, debía afrontar los salarios, las cargas sociales y los gastos de manutención de los trabajadores rurales.
De acuerdo con la investigación, Godfrid y su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, transfirieron más de 26,2 millones de pesos a Ibáñez entre abril y octubre de 2026. Parte de ese dinero habría sido enviada luego a cuentas vinculadas con Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y Fausto Devetac, cuñado de “Budín”. La Justicia busca establecer el destino de los fondos y si las operaciones fueron negocios genuinos o maniobras para eludir controles sobre el patrimonio del empresario, quien cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”.