Dólares no declarados: cómo impacta la nueva reglamentación en la compra de propiedades

La UIF flexibilizó el análisis del origen de los fondos, pero mantuvo los controles para bancos, escribanos y otros sujetos obligados. Los umbrales centrales son de $100 millones y 700 salarios mínimos.

La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal II (N° 27.826), que modificó el régimen establecido por la Ley 27.799. La resolución fue publicada dentro del plazo de 15 días hábiles previsto por la norma, cuyo vencimiento operaba el 2 de noviembre.

El nuevo esquema incorpora un enfoque basado en el riesgo y establece que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias debe ser considerada un antecedente favorable al evaluar el perfil de un cliente. La medida alcanza, entre otros, a bancos, escribanos y Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), aunque no elimina la obligación de verificar que los fondos no tengan origen ilícito ni de reportar operaciones sospechosas.

Para determinadas operaciones de clientes adheridos al régimen, puede aplicarse una debida diligencia simplificada especial cuando el monto anual llega hasta $100 millones. El análisis también debe contemplar la actividad, la trayectoria y la coherencia entre los ingresos y el patrimonio. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló que la adhesión no despeja por sí sola las dudas sobre el origen del dinero: una persona de 18 años que deposite $90 millones sin actividad económica compatible seguiría requiriendo un examen adicional.

El segundo límite es de 700 salarios mínimos, vitales y móviles, y se vincula específicamente con la actuación de los escribanos. Hasta ese monto, no tienen obligación de solicitar documentación sobre el origen de los fondos por ese concepto, una regla que ya existía. Si la operación supera el umbral, deben analizar y documentar el origen del dinero; la adhesión al régimen simplificado favorece al comprador, pero no impide que se requieran elementos adicionales.

En compraventas por debajo de los 700 salarios mínimos, Domínguez recomendó evaluar la entrega del efectivo durante la escritura pública. En ese caso, no sería necesario depositar previamente los fondos en una cuenta del comprador ni transferirlos a la del vendedor, siempre que la escritura deje constancia de que el pago se realiza en ese acto. También aconsejó consultar al escribano antes de reservar o firmar un boleto y revisar cómo quedará documentada la operación.

La resolución de la UIF no modifica las obligaciones tributarias ni impide los controles de ARCA. Para el período fiscal 2026, la declaración jurada de Ganancias se presentará en 2027 y deberá guardar coherencia con la información patrimonial y los movimientos del contribuyente. Además, continúa vigente el Reporte de Operación Sospechosa cuando existan indicios de ilicitud o de fraccionamiento de operaciones. En el mercado inmobiliario, Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI), estimó que la medida podría ampliar el universo de compradores, especialmente para departamentos usados de uno y dos ambientes, cambios de vivienda, primeras propiedades e inversiones destinadas a renta, aunque no prevé un crecimiento exponencial inmediato.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *