La inteligencia estadounidense identificó comunicaciones y posibles objetivos dentro del país. La Casa Blanca dijo que no existen amenazas creíbles inmediatas e Irán negó las acusaciones.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron un presunto plan atribuido a Irán para atacar con armas químicas y una bomba radiactiva a altos funcionarios de la administración de Donald Trump en Washington. La evaluación surgió de testimonios de siete funcionarios estadounidenses familiarizados con los análisis de seguridad.
El reporte indicó que fueron identificadas comunicaciones atribuidas a Teherán en las que se afirmaba que habían sido ocultados dentro de Estados Unidos materiales para fabricar bombas. Los investigadores analizaron la posibilidad de que se utilizaran armas químicas o dispositivos de dispersión radiactiva, conocidos como bombas sucias, y que la operación fuera ejecutada por personas que ya se encontraran en el país.
La información derivó en reuniones de emergencia y en la preparación de planes de contingencia. Dos funcionarios describieron el supuesto complot como específico, con objetivos y ubicaciones determinadas. Durante la última semana también se realizaron encuentros entre responsables de seguridad para evaluar medidas preventivas. En ese contexto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue trasladado durante la semana anterior a una residencia militar.
La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que el Gobierno mantiene bajo vigilancia todas las posibles amenazas, pero aclaró que “en este momento no hay amenazas creíbles contra el territorio nacional”. El informe no estableció que el supuesto complot se hubiera concretado ni que existiera públicamente una operación en marcha confirmada.
Irán rechazó las acusaciones a través de un portavoz de su Misión ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. El representante sostuvo que su país considera ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia y calificó de falsas y fabricadas las versiones difundidas.
El caso se conoció durante la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciada el 28 de febrero de 2026, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron una ofensiva conjunta contra instalaciones militares, objetivos estratégicos y estructuras vinculadas con el poder iraní. Además, el reporte señaló que una herramienta legal empleada para recopilar comunicaciones de ciudadanos extranjeros perdió vigencia en junio de 2026, aunque las autorizaciones aprobadas antes de ese mes permanecerían activas hasta marzo de 2027.