El titular del Ministerio Público dejó su cargo este martes tras ser acusado de mal desempeño de funciones por diputados opositores y disidentes del oficialismo.
Emiliano Rolón presentó su renuncia como fiscal general de Paraguay luego de que la Cámara de Diputados avanzara con un pedido de juicio político por presunto mal desempeño de funciones en la investigación vinculada con Ueno Bank. El funcionario comunicó su decisión en una carta dirigida al presidente Pedro Alliana.
En el documento, Rolón explicó que dimitía «en el marco del juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados». Los legisladores que impulsaron la acusación cuestionaron una presunta conducción deficiente de la causa sobre la entidad intervenida y señalaron que un expediente por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Santiago Peña permaneció «retenido durante siete meses».
La presentación parlamentaria no implicó una determinación judicial sobre la responsabilidad del fiscal general. La diputada opositora Rocío Vallejo sostuvo que, si Alliana acepta la renuncia, el proceso de juicio político «terminaría ahí». También afirmó que el fiscal adjunto penal más antiguo debería asumir de forma interina hasta la designación de un nuevo titular del Ministerio Público.
La crisis comenzó a profundizarse el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay comunicó la intervención de Ueno Bank. La medida afectó a miles de clientes y derivó en investigaciones por presuntas irregularidades financieras y posibles responsabilidades de funcionarios y directivos. En ese marco, renunciaron el entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y otros tres exdirectivos, quienes quedaron bajo prisión preventiva.
El caso también alcanzó a 27 personas vinculadas con Ueno Bank y empresas relacionadas. Siete exdirectivos fueron enviados a prisión preventiva y dos ejecutivas permanecen bajo arresto domiciliario, mientras la Justicia busca establecer responsabilidades individuales.
Santiago Peña presentó su renuncia durante el conflicto, aunque el Congreso no la trató por falta de cuórum. El 6 de noviembre, el Senado lo declaró culpable de mal desempeño de funciones y fue destituido, lo que permitió la llegada de Alliana a la Presidencia. El exmandatario permanece bajo prisión preventiva por una investigación penal por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal; las imputaciones no constituyen una condena definitiva.
Rolón, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, había asumido la Fiscalía General en marzo de 2023 para un mandato de cinco años, previsto hasta 2028. Reemplazó a Sandra Quiñónez, quien ocupó el cargo desde 2018.