La sesión especial comenzará a las 12 y podría extenderse hasta la madrugada, con resistencias opositoras a capítulos centrales de ambos proyectos.
La Cámara de Diputados realizará una sesión especial para tratar un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno. El temario incluye la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, el Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
El debate fue solicitado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros diputados oficialistas. El oficialismo tendría los votos para aprobar en general la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque el capítulo 7 requiere 129 votos y no tiene respaldo asegurado. Ese apartado incluye cambios al sistema electoral y multas para extranjeros que financien campañas.
La eventual eliminación del capítulo es una de las alternativas que analiza el Gobierno para preservar el resto del proyecto, que establece sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos en la cuenca de Malvinas. La iniciativa prevé penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores de empresas involucradas, con excepciones para accionistas con participaciones de hasta el 2% y fondos de inversión con intervención indirecta.
El proyecto también contempla sanciones por colaborar con operaciones de inteligencia de un Estado extranjero, revelar secretos de Estado o participar de campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población. En cambio, quedan fuera de la persecución penal o económica la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado. Entre los puntos cuestionados figuran las facultades del Consejo de Seguridad Nacional, la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones no convencionales y las medidas que podría disponer ante una amenaza externa grave.
El Consejo será presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A propuesta de bloques aliados, también podrán participar como miembros no permanentes los presidentes de Diputados y del Senado, además de gobernadores. Una comisión bicameral deberá auditar sus decisiones, y el Poder Ejecutivo tendrá que informar las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas. La reforma, además, otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo y permite inscribir organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar”.
La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central busca establecer como principio rector la “emisión cero”, preservar el valor de la moneda y prohibir el financiamiento al Tesoro. El texto elimina los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario. Tras los cambios introducidos por el Senado, la remoción de directores quedaría sujeta a una mayoría absoluta del pleno de la Cámara alta, en lugar de las dos terceras partes de ambas cámaras previstas en la versión aprobada inicialmente por Diputados.