La Audiencia Nacional admitió una querella presentada por dos antiguas empleadas, que también denunciaron lesiones y trato degradante por hechos presuntamente ocurridos en 2021.
El juez Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, admitió a trámite una querella contra Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Como parte del proceso, citó a declarar a las dos denunciantes el próximo 3 de febrero.
Las querellantes son una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta que acusaron al cantante de someterlas a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas, además de lesiones y vejaciones, durante 2021, cuando Iglesias tenía 77 años. Los hechos denunciados habrían ocurrido en sus casas de República Dominicana y Bahamas.
El expediente incorpora una fotografía en la que aparece un moretón en un brazo y dos marcas en los muslos que, según el auto, pueden corresponderse con la mordedura de una persona. También incluye conversaciones. El juez consideró que los testimonios, conocidos a partir de una investigación de eldiario.es y Univisión, constituyen un principio de prueba suficiente para iniciar la investigación penal.
Una de las mujeres relató que ambas debían someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. La resolución, sin embargo, rechazó investigar los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores.
La presentación judicial tuvo antecedentes en enero, cuando las trabajadoras denunciaron al cantante ante la Fiscalía. En esa instancia se consideró que los tribunales españoles no eran competentes. En septiembre interpusieron una querella ante un juzgado de la Audiencia Nacional y la Fiscalía entendió esta vez que la Justicia española sí podía intervenir.
El juez también cuestionó que la querella presente un relato limitado a Iglesias y no incluya la participación que, según indicó, habrían tenido dos administradoras de las casas, a quienes se atribuyen actos sexuales contra las denunciantes. Además, sostuvo que en el contrato no hubo engaño y que el trabajo con alojamiento fue aceptado libremente; sobre el salario, señaló que duplicaba el mínimo de 2021 para trabajadores de grandes empresas en República Dominicana y que incluso triplicaba el estimado para el servicio doméstico.