RIGI: el Decreto 1366 elimina el requisito de capital argentino para los proveedores locales

La norma, publicada el 16 de noviembre en el Boletín Oficial, mantiene el compromiso de destinar al menos el 20% de bienes y obras a proveedores locales, pero amplía las empresas que pueden ser contabilizadas.

El Decreto 1366/2026 modificó la definición de proveedor local dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde su entrada en vigencia, una persona jurídica constituida y domiciliada en la Argentina puede ser considerada proveedora local aunque su capital esté íntegramente controlado desde el exterior.

La norma eliminó el requisito previsto en el Decreto 749/2024, que exigía que al menos el 51% del capital social o de los votos de la compañía perteneciera a titulares con domicilio fiscal en el país. El cambio amplía el universo de empresas que pueden participar del cupo de contratación nacional de los proyectos adheridos al régimen.

El RIGI mantiene la obligación de destinar como mínimo el 20% del monto correspondiente a bienes y obras a proveedores locales, siempre que exista oferta en condiciones de precio y calidad de mercado. También continúan vigentes los criterios del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur para determinar el origen nacional de los bienes. Por lo tanto, la nueva categoría no convierte automáticamente un producto importado en un bien argentino.

La modificación generó críticas entre industriales y empresas proveedoras de la minería, que advirtieron sobre una mayor competencia de filiales locales de multinacionales y posibles efectos sobre la producción nacional, el empleo industrial y el desarrollo de cadenas de valor argentinas. Manuel Gómez Bello, titular de la Federación Argentina de Proveedores Mineros, señaló que la medida puede permitir que contratistas internacionales se instalen en el país para disputar grandes obras a empresas nacionales.

Entre las principales preocupaciones planteadas también aparece el control del origen de los equipos y del nivel de integración productiva. Empresarios del sector advirtieron que una compañía podría cumplir formalmente con la condición de proveedor local mediante el ensamblado en la Argentina de componentes fabricados en otros mercados. La Unión Industrial Argentina, por su parte, remarcó que las empresas vinculadas al Vehículo de Proyecto Único comprador no pueden computarse dentro del 20%, salvo que sean las únicas capaces de satisfacer la demanda requerida.

El abogado Federico Palavecino sostuvo que la eliminación del requisito del 51% puede ampliar la oferta de bienes y servicios, incorporar proveedores especializados y evitar cuellos de botella que demoren inversiones. A la vez, advirtió que la modificación podría generar diferencias con autoridades provinciales que establecieron condiciones de compra local más estrictas que las previstas por el régimen nacional.

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