La medida fue ordenada por la Justicia federal en una causa por lavado de activos y contempla una consigna policial permanente en el predio.
La Justicia federal ordenó la clausura cautelar de la estancia La Entrerriana, perteneciente al empresario Lázaro Báez, luego de comprobar que el patrimonio sometido a medidas judiciales continuaba siendo explotado comercialmente.
La resolución fue dictada por el juez federal Claudio Vázquez a requerimiento de la fiscalía. También dispuso la instalación de una consigna policial permanente para evitar el vaciamiento de los bienes incluidos en condenas previas contra el empresario.
La investigación, liderada por el fiscal federal Julio Zárate, sostiene que las operaciones eran dirigidas desde el penal de Ezeiza, donde Báez se encuentra detenido. Según las pesquisas, impartía órdenes para renegociar contratos de alquiler y cobrar sumas millonarias de manera clandestina.
El fiscal solicitó órdenes de allanamiento, secuestro, embargos e inhibición general de bienes sobre las estancias Alquinta y La Entrerriana, el predio de Kank y Costilla S.A. y el pabellón donde se aloja Báez. Las propiedades ya contaban con embargos, depósitos judiciales y mandatos firmes de decomiso.
El ingreso a La Entrerriana quedó restringido a cuidadores, veterinarios y autoridades sanitarias, con el objetivo de proteger a los animales que permanecen en el predio.