La Justicia decretó la quiebra de Pan Danés tras el retiro del único interesado

Hugo Alejandro Solís, heredero de Ugi's, había iniciado un proceso para adquirir la cadena, pero desistió luego de revisar su situación financiera y operativa.

Pan Danés quedó formalmente en quiebra después de que fracasara el procedimiento destinado a encontrar un comprador para la empresa. La cadena había cerrado sus 20 locales a comienzos de octubre y, ante la falta de interesados tras el retiro del único postulante, la Justicia resolvió avanzar con la liquidación.

El interesado era Hugo Alejandro Solís, conocido como Buby, uno de los herederos de Ugi’s. De acuerdo con información obtenida por Ámbito a partir de documentación judicial, Solís se había inscripto como único participante del salvataje empresario, conocido como cramdown, abierto luego de que Pan Danés solicitara su propia quiebra.

El empresario comenzó las gestiones a fines de octubre y pidió datos sobre las deudas, la situación de los trabajadores, los contratos, los locales y las instalaciones industriales. Tras analizar la documentación entregada por la sindicatura, decidió no presentar una oferta económica ni continuar con la adquisición. Su representante informó el desistimiento ante la Justicia sin señalar un motivo específico.

Entre los datos revisados figuraban obligaciones posteriores a la presentación concursal por aproximadamente $1.086,8 millones: $738,8 millones de deuda previsional, $197,5 millones de compromisos impositivos y $150,4 millones de obligaciones comerciales. En septiembre, Pan Danés había declarado ingresos por $426,1 millones y egresos por $513,7 millones; en octubre, los montos fueron de $60,9 millones y $108,6 millones, respectivamente. Al momento del cierre, la compañía tenía 117 empleados.

La empresa había nacido en 2016 y durante su expansión llegó a operar unos 25 locales, además de una planta industrial de aproximadamente 1.778 metros cuadrados en Barracas. En su presentación judicial sostuvo que la facturación había caído más del 50% y que la capacidad instalada era excesiva para el nivel de actividad. También había declarado un pasivo de $1.218,9 millones frente a bancos, organismos fiscales, proveedores y otros acreedores.

La resolución judicial calificó el proceso como una “gran quiebra”, dejó sin efecto la designación del evaluador de las participaciones de los socios y ordenó preservar e inventariar los bienes de la compañía. La sindicatura continuará a cargo de la administración y deberá proponer la forma de realización de los activos. Además, se dispuso comunicar la quiebra al Banco Central para el embargo y la transferencia de fondos a una cuenta judicial, mientras los acreedores podrán continuar sus reclamos dentro del proceso falencial.

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