Congreso de EEUU podría abrir nueve investigaciones contra el gobierno de Donald Trump

Las posibles pesquisas abarcan desde los ataques a embarcaciones y la guerra con Irán hasta las remodelaciones de la Casa Blanca, la gestión del ICE y el patrimonio del presidente.

Después de la victoria demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre, quedaron planteados distintos interrogantes sobre las investigaciones que podría impulsar un Congreso opositor a Donald Trump. Una encuesta del Pew Research Center realizada esta semana mostró que el 67% de los consultados teme que los demócratas investiguen “demasiado”, frente al 31% que considera que lo harían “insuficientemente”.

Entre los posibles focos aparecen las acciones militares y de seguridad de la administración. En el caso de los ataques contra embarcaciones, el gobierno sostuvo que estaban dirigidos contra narcotraficantes considerados “combatientes ilegales”, aunque algunos republicanos expresaron incomodidad. El senador demócrata por Virginia Tim Kaine afirmó, tras revisar las pruebas disponibles, que probablemente murieron ilegalmente “individuos no vinculados al narcotráfico”. También podría revisarse la guerra con Irán, su verdadero propósito, la información brindada a la población y el ataque estadounidense contra una escuela primaria iraní, sobre el que la administración se negó a hacer comentarios.

Otro eje sería la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La pesquisa podría incluir las muertes de los manifestantes proinmigración Renee Good y Alex Pretti a manos de funcionarios federales en Minneapolis, hechos que la administración se negó a investigar. Asimismo, abarcaría posibles arrestos y detenciones injustas de cientos de ciudadanos estadounidenses, deportaciones erróneas y declaraciones falsas del Departamento de Seguridad Nacional.

Las obras y decisiones vinculadas con la Casa Blanca también figuran entre las alternativas. Trump demolió el Ala Este sin previo aviso, pese a haber dicho que no lo haría; su administración intentó colocar su nombre en el Kennedy Center y luego ocultó la fachada cuando un juez ordenó retirarlo. Además, se cuestiona un trabajo apresurado en torno a un estanque reflectante del Monumento a Lincoln, realizado sin una licitación competitiva.

La relación del gobierno con empresarios y compañías de tecnología constituye otro grupo de posibles investigaciones. En el caso de Elon Musk, el Congreso debería contemplar que el empresario gastó cientos de millones de dólares para ayudar a elegir candidatos republicanos, aunque varias de sus iniciativas con el DOGE obstaculizaron el funcionamiento del gobierno federal. También existen dudas sobre si Musk o la administración fueron responsables de limitar el servicio de Starlink, lo que entorpeció la defensa bélica de Ucrania. En cuanto a Nvidia y la renuncia de Jensen Huang, se buscaría determinar quién supo y cuándo sobre Megaspeed y sobre la relación sentimental de Huang, además de establecer si hubo omisiones frente a esa situación. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestionó que el Departamento de Comercio, encabezado por Howard Lutnick, no incluyera a Megaspeed en una lista negra; esa cartera sostuvo que Lutnick cumplió con todos los acuerdos éticos.

El listado se completa con la ofensiva judicial contra adversarios de Trump, los archivos de Jeffrey Epstein y el posible enriquecimiento del presidente, su familia y sus aliados. En el primer caso, se revisarían las acciones del mandatario y del Departamento de Justicia contra Letitia James, Cassidy Hutchinson, seis legisladores demócratas y otros opositores, pese a la falta inicial de pruebas sustanciales. Sobre Epstein, persisten preguntas acerca de qué sabía Trump, sus afirmaciones sobre el financista, la publicación completa de los archivos y el traslado penitenciario favorable de Ghislaine Maxwell tras aportar información a la Justicia. El último eje incluye los miles de millones obtenidos por Trump mediante criptomonedas, la promoción de acciones que acababa de comprar y la venta de acceso anticipado a sus publicaciones, además de posibles conflictos de interés que involucran a Jared Kushner, Steve Witkoff, Lutnick, empresas respaldadas por la firma de inversión de Donald Trump Jr. y las posibles ventas de influencia atribuidas a Kimberly Guilfoyle y Alina Habba.

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