Este viernes, sin demasiada difusión, los supremos firmaron una acordada que puede favorecer la salida de los represores de las cárceles.
La Corte Suprema firmó una acordada que puede favorecer a los represores que siguen presos y que desde hace tiempo le recriminan al Gobierno que ha hecho poco y nada para devolverlos a sus casas. Si bien no llegan a 80 los condenados o procesados por lesa humanidad que siguen en la cárcel, tras las rejas se encuentran algunos emblemas del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz , Jorge «Tigre» Acosta o Christian Federico von Wernich .
Este viernes, un día después del acuerdo en el que se vieron las caras para firmar una serie de fallos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron para rubricar la Acordada 21 de este año. En esta oportunidad, la acordada ordena la elaboración de un Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento penitenciario en que se encuentran alojados.
El protocolo deberá ser realizado en un plazo de 30 días corridos por el Cuerpo Médico Forense (CMF), que depende de la propia Corte Suprema. Si fuera otra Corte, podríamos tener otra opinión, pero es ésta, y esa frase denota la real intención de la acordada : lo que no pudieron hacer antes con el 2×1 lo harán ahora, advierte Guadalupe Godoy , abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
Adriana Taboada , que por entonces integraba el cuerpo de peritos de la SDH y en la actualidad interviene por otras querellas, sostiene que se debería actualizar el informe sobre las condiciones de detención que se había hecho durante la gestión del Frente de Todos.