El dólar blue se negocia este sábado a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, de acuerdo con operadores de la city.

En el segmento mayorista, considerado la referencia del mercado, el dólar opera a $1.518 para la venta.

El dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.613,31, con una brecha del 6.3% frente al dólar oficial. En tanto, el dólar MEP cotiza a $1.536,73 y mantiene una diferencia del 1.2%.

El dólar tarjeta o turista, que surge de sumar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias al dólar oficial minorista, alcanza los $1.995,50.

Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.616,91. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza a u$s81.503 según Binance.

La recompra de títulos realizada por el Tesoro compensó parcialmente la absorción de pesos que provocó la licitación de deuda del miércoles y redujo el riesgo de una suba abrupta de las tasas. La operación alcanzó un valor efectivo total de $662.000 millones: unos $458.000 millones correspondieron al Boncap con vencimiento en marzo de 2027 y $204.000 millones a la Lecap con vencimiento en noviembre de 2026.

La transacción se concretó el miércoles en la rueda Bilateral PPT de A3 y la liquidez ingresó al sistema el jueves, cuando el Banco Central tomó $2 billones en la rueda REPO. La existencia de la recompra fue confirmada por 1816 a partir de una adecuación de los montos publicados por BYMA, que identificó las operaciones sobre los títulos S13N6 y TMG27 realizadas en T+1.

El resultado de la licitación implicó un rollover de 136,14% sobre vencimientos por aproximadamente $4,85 billones y una absorción cercana a $1,75 billones. A su vez, el Gobierno había informado a Bloomberg Línea que concretó operaciones de mercado abierto expansivas por cerca de $1 billón. Por la diferencia entre esos movimientos, 1816 indicó que no podía descartarse otra recompra fuera de los mercados regulados.

En paralelo, el BCRA compró u$s642 millones durante las últimas cuatro ruedas, una expansión de pesos cercana a $1 billón. Según Grupo SBS, la entidad adquirió u$s291 millones el martes, la mayor compra en una sola rueda desde el 24 de julio, y sumó otros u$s381 millones entre miércoles y viernes. Así, las compras de octubre llegaron a u$s982 millones, frente a los u$s473 millones acumulados durante septiembre.

Las compras de divisas acumuladas en 2026 ya superan los u$s15.500 millones y las reservas brutas cerraron la semana en u$s50.236 millones. Grupo SBS señaló que la evolución futura dependerá del equilibrio entre la oferta y la demanda, y advirtió que la expansión monetaria asociada a las compras en el Mercado Libre de Cambios deberá seguirse de cerca porque la demanda real de dinero todavía no muestra una tendencia firme al alza.

La dinámica de las tasas sigue siendo observada con cautela por el mercado. Un analista de la city declaró a Ámbito que la expectativa inicial era que las tasas se dispararan tras la absorción de pesos, pero que la recompra habría evitado ese escenario. Desde 1816 advirtieron que la falta de liquidez suele reflejarse en las tasas cuando el stock de REPO del BCRA cae por debajo de $1 billón, aunque la autoridad monetaria puede intervenir de manera directa. La percepción de los expertos es que el equipo económico buscará evitar una suba marcada, especialmente mientras el dólar permanezca estable.

El sector público acumuló un superávit de $15,1 billones entre enero y septiembre, frente a una meta de $16,2 billones acordada con el FMI. Aunque la diferencia es de $1,1 billones, el cumplimiento del objetivo fiscal de 2026 enfrenta la presión del resultado esperado para diciembre.

El último mes del año suele registrar un déficit significativo por el pago de aguinaldos y el cierre de cuentas. En 2025, el saldo negativo fue de $2,8 billones. Si este año se repitiera ese resultado —lo que implicaría un ajuste del 33% en términos reales—, el Gobierno necesitaría alcanzar un superávit de $3,9 billones durante octubre y noviembre.

Ese escenario requeriría un saldo favorable promedio de $1,95 billones en cada uno de esos meses. La exigencia se da mientras los recursos tienden a disminuir y el gasto previsional y social aumenta por la actualización prevista por ley para jubilaciones y otras prestaciones.

La tercera revisión del acuerdo con el FMI se encuentra en su etapa final. El equipo que analiza el caso argentino, encabezado por la portuguesa Joyce Wong, debe concluir el Staff Report, que luego será enviado al Board para su aprobación. El proceso también habilitaría un nuevo desembolso de unos u$s800 millones.

En esa instancia podría establecerse para 2026 una meta inferior a los $16,2 billones actuales. La Argentina es considerada por el organismo un ejemplo en un escenario internacional en el que la mayoría de los países mantiene déficit fiscal, por lo que se prevé que la revisión avance aun si el objetivo no se cumple en su totalidad.

Otra alternativa disponible para Economía es demorar pagos, como ocurrió durante el primer cuatrimestre del año, cuando la deuda flotante pasó de $2 billones a $4 billones. Ese mecanismo está contemplado en el acuerdo, aunque ya provocó conflictos: se suspendieron pagos a médicos del hospital Garrahan, no se actualizaron salarios universitarios y se retrasaron subsidios al transporte, con protestas callejeras como consecuencia.

Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la cantidad total de puestos de trabajo aumentó en 101.000 y alcanzó los 22,57 millones, según los datos del INDEC sobre generación del ingreso. El incremento no se tradujo en más empleo asalariado registrado: ese grupo se redujo en 156.000 personas.

La expansión se concentró en otras categorías. En el período analizado, los cuentapropistas aumentaron en 229.000 y los asalariados no registrados, en 28.000. Del total de puestos, el 48% corresponde a asalariados registrados, mientras que el 25% son asalariados informales y el 27%, trabajadores no asalariados.

Los datos del SIPA, con información hasta julio de 2026, muestran una baja de 100.262 puestos formales desde diciembre de 2025. Dentro del sector privado se perdieron 65.527 empleos; la industria manufacturera explicó 26.157 de esas bajas y el comercio, 24.008. Solo cinco provincias registraron crecimiento, con Neuquén a la cabeza.

También disminuyó la participación de las remuneraciones de los asalariados en el valor agregado bruto: pasó del 45,4% al 42,9% en un año. A julio, el salario privado registrado acumuló una pérdida cercana al 3% real interanual. En paralelo, el monotributo incorporó 22.711 inscriptos durante el período en que se redujo el empleo asalariado privado.

En el plano judicial, el juez federal Martín Cormick suspendió por tres meses, a pedido de colegios de abogados, los artículos 10 y 56 de la ley 27.802. La medida alcanza al pago en cuotas de sentencias laborales y al régimen de responsabilidad de los abogados por las costas. Se trata de una cautelar, por lo que mientras esté vigente rige el texto anterior de la Ley de Contrato de Trabajo. El régimen de regularización para encuadrar relaciones laborales de manera retroactiva vence el 28 de noviembre.

ARCA habría comenzado a enviar intimaciones a creadoras argentinas de OnlyFans por ingresos del exterior que no habrían sido declarados entre 2022 y 2024. No existe un comunicado oficial sobre el tema: la información surge del testimonio anónimo de una creadora, quien aseguró haber recibido un reclamo cercano a los u$s300.000 y una deuda superior a $150 millones, incluidos intereses y multas.

La mujer afirmó que una agencia administraba su cuenta y los cobros, retenía la mayor parte de los ingresos y le abonaba u$s1.500 mensuales. Aunque el perfil estaba registrado a su nombre, el manejo del dinero quedaba en manos de terceros. Además, algunas de las agencias mencionadas habrían dejado de operar.

El abogado penalista Nicolás Medive explicó que una intimación de ARCA no equivale a una imputación penal y que una deuda tributaria, por sí sola, no constituye un delito. Según su análisis, la evasión requiere superar un umbral económico y demostrar la existencia de un ardid. Desde la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, ese límite es de más de $100 millones de impuesto evadido por tributo y por año, criterio que, por resultar más benigno, se aplica también a los períodos 2022-2024.

Medive sostuvo que ingresos anuales de unos u$s100.000 no producen automáticamente un impuesto evadido de ese volumen y que cobrar mediante Payoneer o Wise a nombre propio deja un registro que ARCA puede seguir. También señaló que, sin evasión, no habría lavado de activos por falta de un origen ilícito del dinero. En ese marco, la situación de las creadoras sería una deuda administrativa con multas, aunque de gravedad.

La intermediación de una agencia tampoco es ilegal por sí misma. Gestionar cuentas, producir contenido, realizar marketing y cobrar una comisión puede formar parte de un negocio lícito. Para determinar eventuales responsabilidades, indicó el abogado, habrá que establecer quién era el verdadero titular de los ingresos y si existió una estructura destinada a ocultarlos. Esa evaluación deberá hacerse caso por caso mediante contratos, transferencias, chats, capturas de los paneles de las plataformas y demás documentación.

El fisco debe considerar la realidad económica y no únicamente el nombre que figura en una cuenta, pero esa situación debe poder acreditarse. Medive aconsejó no ignorar las intimaciones y ordenar la documentación. También afirmó que pagar la deuda y sus intereses antes de una eventual denuncia evita el proceso penal, y planteó que el desafío estatal consiste en formalizar una actividad lícita sin convertir la fiscalización en una persecución penal.

La morosidad de las familias argentinas en créditos y tarjetas se ubicó en 12,81% durante agosto, de acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El registro mostró una baja marginal de 0,13 puntos porcentuales frente a julio.

La mejora mensual contrastó con la evolución interanual. En agosto de 2025, la mora de los hogares era del 6,6%, mientras que en agosto de 2026 alcanzó el 12,81%: un aumento de 6,21 puntos porcentuales y casi el doble de atrasos en las deudas.

La contracción de agosto estuvo vinculada con una reducción del 0,98% en el saldo real de los créditos en situación irregular. En el segmento empresarial, en tanto, la morosidad se mantuvo en 3,8%, con una suba de 0,18 puntos porcentuales respecto de julio.

El informe también registró una disminución por tercer mes consecutivo en la probabilidad de default estimada (PDE), que mide la posibilidad de que los deudores incurran en un incumplimiento absoluto. Para las familias, el indicador descendió a 3,71%, una baja mensual de 0,24 puntos porcentuales.

En el sector comercial, la probabilidad estimada de default permaneció estable en 1,1%. El ratio total de irregularidad del crédito al sector privado tampoco registró cambios y se mantuvo en 7,75%.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) tiene prevista su puesta en marcha para el 1° de noviembre, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Economía. Sin embargo, las cámaras del mercado de capitales solicitaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) una prórroga de un mes para completar las adaptaciones operativas y tecnológicas.

La presentación fue realizada en conjunto por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB), según pudo saber Ámbito. La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) también elevó una nota, aunque no respondió a las consultas realizadas.

Entre los argumentos planteados figura el tiempo acotado para implementar el esquema: la reglamentación definitiva de la CNV se publicó a mediados de septiembre, mientras que la normativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se conoció recién el 1° de octubre. Las entidades también advirtieron que, si el cronograma actual se mantiene, deberían presentar un balance anual por un período de actividad de apenas un mes de aportes, con el consiguiente aumento de los costos operativos.

El pedido incluye además extender de seis a doce meses el período de carencia previsto para el armado de las carteras de inversión. La intención es otorgar más tiempo a los administradores para estructurar los portafolios conforme a las reglas de diversificación y a los activos habilitados. Si se acepta la prórroga, los fondos recién podrían utilizarse después de las elecciones de 2027.

Hasta el momento, las cámaras no recibieron una respuesta oficial. La implementación no podría demorarse más allá de diciembre sin una modificación de la reforma laboral por parte del Congreso. El esquema establece que los aportes patronales se canalizarán mediante Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), con contribuciones del 2,5% para las empresas del universo pyme y del 1% para las grandes compañías.

Las entidades señalaron también que el calendario coincide prácticamente con las ventanas de portabilidad previstas para junio y diciembre, que permiten trasladar los recursos a otro vehículo o prestador. Según su planteo, un plazo mayor facilitaría la organización inicial de las carteras mientras se ajustan los procedimientos operativos.

La Asociación Bancaria comunicó este viernes una actualización salarial correspondiente a septiembre tras la activación de la cláusula gatillo. El incremento informado es del 1,9% y eleva el ingreso inicial conformado de la actividad a $2.552.560,34.

A ese monto se suman $73.786,55 en concepto de participación en las ganancias (ROE). De esta manera, el ingreso total que los trabajadores pasarán a cobrar a principios de noviembre alcanzará los $2.626.346,89.

El ajuste lleva la mejora acumulada durante 2026 al 23,6% frente a los salarios de diciembre de 2025, en línea con la inflación acumulada en el mismo período. El acuerdo comprende todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.

También quedan incluidos los adicionales convencionales y no convencionales correspondientes a los trabajadores de la actividad. El entendimiento contempla mantener el mismo mecanismo durante octubre, noviembre y diciembre, mientras que la negociación paritaria se retomaría en la segunda quincena de enero de 2027.

En septiembre, el gremio había informado una actualización del 1,7% sobre el salario abonado a principios de octubre. En ese momento, el ingreso inicial conformado quedó en $2.505.061,24 y la participación en las ganancias fue de $72.413,50, con un salario mínimo total de $2.577.474,74.

En la rama administrativa, el salario básico de la categoría inicial se estableció en $1.642.764,63. El salario conformado alcanzó los $2.505.061,24 antes de incorporar el concepto correspondiente a la participación en las ganancias.

El precio del petróleo registró fuertes avances este viernes en los mercados internacionales, en un contexto de recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El barril de Brent, referencia para el mercado europeo, aumentó un 3,4% y llegó a los US$ 109,51. En tanto, el crudo WTI de Estados Unidos subió un 3,45%, hasta los US$ 101,32.

La escalada se produjo después de un ataque con misiles de rebeldes hutíes contra el Palacio Presidencial Al-Maashiq, ubicado en Adén, la capital de Yemen. La fuerza insurgente vinculada a Irán se atribuyó el lanzamiento y sostuvo que la operación tuvo como objetivo un centro de operaciones de Arabia Saudita.

Las agresiones contra infraestructuras estratégicas y rutas utilizadas por el transporte marítimo comercial aumentaron la preocupación sobre el abastecimiento energético. También se reactivaron las alertas por el tránsito de combustible a través del Estrecho de Ormuz, luego de nuevas incursiones contra aeropuertos e instalaciones petroleras saudíes.

La cotización del crudo mantiene una marcada volatilidad desde el final de la tregua entre Estados Unidos e Irán, que había sostenido un período de relativa calma durante un mes. Antes de la ofensiva contra Teherán del 28 de febrero, el Brent se ubicaba cerca de los US$ 73.

Aunque el precio había regresado temporalmente a esos valores tras una serie de acuerdos de paz entre las partes involucradas, los nuevos desencuentros en la región volvieron a impulsar las cotizaciones. Los operadores continúan revisando sus proyecciones ante el riesgo de interrupciones en las cadenas de distribución de crudo.

La irregularidad de los préstamos a las familias descendió del 12,94% en julio al 12,81% en agosto, mientras que en las empresas aumentó del 3,62% al 3,80%, de acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA).

La baja entre los hogares fue de 0,13 puntos porcentuales y coincidió con una reducción real del 0,98% en el saldo de créditos irregulares, la primera desde marzo de 2024. Sin embargo, el organismo aclaró que algunos bancos retiraron de sus balances préstamos impagos y los trasladaron a cuentas separadas. Por ese motivo, esas deudas dejaron de integrar la cartera utilizada para calcular la morosidad, aunque eso no implica que los clientes hayan regularizado sus pagos.

El comportamiento fue distinto según el tipo de financiamiento. Las tarjetas de crédito redujeron su ratio de irregularidad, mientras que los préstamos personales registraron una leve suba y los prendarios también aumentaron, aunque en menor magnitud. Los créditos hipotecarios, en tanto, conservaron niveles de mora más bajos y prácticamente sin cambios frente a julio.

El saldo real del crédito a las familias permaneció casi estancado, con un avance de 0,4% frente a agosto de 2025. El financiamiento mediante tarjetas cayó 1% real mensual y los préstamos personales disminuyeron 0,5%; en cambio, los hipotecarios crecieron 1,8% real respecto de julio y los prendarios, 0,7%.

En el segmento empresarial, el aumento de la mora alcanzó a los préstamos de todas las actividades económicas y se produjo pese a una expansión del crédito de 1,3% real mensual y 6,7% interanual. La construcción, el comercio y los servicios tuvieron las mayores variaciones mensuales relativas en el financiamiento bancario. Para el conjunto del sector privado, el saldo crediticio subió 0,7% real mensual y 3,6% interanual, aunque el BCRA señaló que el retiro de cartera irregular de los balances influyó en ese resultado: sin ese movimiento, el crecimiento mensual habría sido de 1,1% real.

La probabilidad de default de las familias bajó 0,24 puntos porcentuales, hasta el 3,71%, su menor nivel desde agosto de 2025. En las empresas se mantuvo prácticamente estable, en 1,18%, y para el total del sector privado descendió por tercer mes consecutivo, al 2,26%. Las previsiones constituidas por las entidades cubrieron el 87% de la cartera irregular y representaron el 6,7% del financiamiento total al sector privado.