El 16 de octubre de 2015, la madre de Agustina Ponisio, de 28 años, y Javier Ponisio, de 25, regresó a su vivienda de Castro Barros al 5500, en el barrio Saladillo de Rosario, y encontró a sus hijos muertos. Agustina estaba sentada en la planta baja, con la cabeza apoyada sobre la mesa y un mate a medio cebar; había recibido tres disparos. Javier yacía en el descanso de la escalera, con cuatro balazos.

En la casa fueron halladas ocho vainas calibre 9 milímetros. No había puertas forzadas, signos de resistencia ni desorden, y la madre de las víctimas no advirtió faltantes al revisar los ambientes. En el juicio se acreditó que, además de matar a los hermanos, el atacante se llevó 25.000 pesos, una computadora y un celular.

Las cámaras de seguridad llevaron al fiscal Florentino Malaponte hasta Javier Hernán Pino, un joven conocido por la familia y amigo de uno de los hermanos. Fue detenido el 21 de octubre en Santiago del Estero. Ya tenía una causa por homicidio en Salta y era buscado a nivel nacional e internacional. Ante la policía, declaró: “Le robé veinticinco mil pesos al pibe y lo maté. Después me encargué de la piba”.

Las pericias balísticas vincularon las vainas encontradas en Rosario con otros homicidios cometidos con la misma pistola. El 16 de febrero de 2015, Pino había asesinado a un comerciante de origen chino en la Ciudad de Buenos Aires; en abril mató en ese distrito a la masajista Claudia Sosa, de 32 años; y el 13 de julio asesinó a Ariel Fernando Ríos, de 28, playero de una estación de servicio de El Galpón, en Salta. Las armas secuestradas —dos pistolas Taurus y una Bersa— estaban registradas a su nombre.

Los cinco asesinatos ocurrieron en un período de ocho meses y en tres jurisdicciones. Pino recibió una prisión perpetua de un tribunal de Metán por el homicidio del playero, otra por el doble crimen de Rosario y una tercera en mayo de 2019, cuando la Justicia porteña lo condenó por los asesinatos del comerciante y de la masajista.

La ley 11.683 establece que el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación debe presentarse por escrito dentro de los quince días de notificada la resolución administrativa, conforme a su artículo 166. Si los recursos previstos no se interponen dentro de los plazos correspondientes, las resoluciones quedan firmes, de acuerdo con el artículo 76 de la misma norma.

El análisis exige considerar la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias. Los artículos 116 y 197 de la ley 11.683 contemplan, con distintos alcances, la aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, del Código Procesal Penal de la Nación y de las normas relativas a los procedimientos administrativos. A su vez, el artículo 1°, inciso e), apartado 9, de la LNPA dispone que las actuaciones realizadas con intervención del órgano competente suspenden los plazos legales y reglamentarios, incluso los vinculados con la prescripción.

El artículo 76 del Reglamento de la LNPA prevé que, cuando sea necesario consultar las actuaciones para articular un recurso, el plazo para recurrir queda suspendido durante el período concedido para tomar vista. Esa disposición fue modificada por el Decreto 695/2024, aunque mantiene la regla de suspensión. El criterio también contempla que la presentación del pedido de vista produce efectos suspensivos, sin perjuicio de la suspensión derivada del otorgamiento de la vista.

Un ejemplo permite reflejar el problema: si una determinación de oficio fue notificada y el contribuyente tenía tiempo hasta el 10/6/2025 para recurrir, luego transcurrieron cinco días y pidió vista de las actuaciones, mientras que el juez administrativo la concedió seis días después, se computan los cinco días iniciales, se suspende el término durante los seis días y luego continúan los diez días restantes.

En algunos expedientes, ARCA sostiene que el pedido de vista no suspende el plazo para apelar ante el Tribunal Fiscal, porque la ley 19.549 no resultaría aplicable a un procedimiento contencioso tributario regido por su legislación específica. Con ese criterio, plantea la extemporaneidad de los recursos presentados después de los quince días y cuestiona que la vista pueda detener el cómputo.

El Tribunal Fiscal tuvo históricamente una posición restrictiva y declaró extemporáneos recursos aun cuando se había solicitado vista. Sin embargo, también resolvió en sentido contrario en “Latin American Postal SA”, TFN, Sala “C”, del 23/8/2013. La Cámara sostuvo la procedencia de la suspensión en “Macoser SA”, CCAF, Sala II, del 6/5/2008, y en “Ambrosius, Nicolas”, CCAF, Sala III, del 16/9/2010. En este último caso, consideró que debía protegerse el derecho de defensa y evitar que el contribuyente quedara imposibilitado de recurrir por no haber podido conocer el expediente. En consecuencia, la vista solicitada y concedida por el juez administrativo importa la suspensión del plazo para interponer la apelación ante el Tribunal Fiscal.

La madre de la hija de Cristian “Pity” Álvarez declaró este viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en el marco del juicio que se le sigue al músico por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

La mujer expuso durante una hora y media en la audiencia 14 del debate y brindó un testimonio favorable al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. En su relato, describió los conflictos que, según afirmó, el imputado atravesaba con frecuencia en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La testigo definió al complejo habitacional como un lugar atravesado por la marginalidad, los robos y el consumo de sustancias. También sostuvo que a Álvarez “lo volvían loco” y aseguró que Díaz era un delincuente que le había robado una mochila al cantante.

Al referirse al homicidio investigado, la mujer expresó: “El ‘Pity’ limpió el barrio de la mugre”. Además, relató episodios de violencia ocurridos en la zona, entre ellos un ataque con un perro rottweiler mientras sostenía a su hija y agresiones con armas blancas contra el músico.

La testigo recordó también que, antes de un show en el estadio de Racing, Álvarez recibió tres disparos en Villa Cildáñez tras quedar involucrado en un asalto mientras intentaba comprar drogas.

Durante la audiencia hubo momentos de tensión cuando la Fiscalía y el juez Juan María Ramos Padilla le pidieron que identificara con precisión a los vecinos mencionados. En medio del intercambio, el magistrado le recordó que era juez de la Nación y le exigió respeto hacia el tribunal.

Por último, la mujer contó que se mudó con su hija a Capilla del Monte, Córdoba, después de la detención del imputado. Explicó que durante un período mantuvieron contacto a distancia y que actualmente Álvarez y su hija atraviesan un proceso de revinculación, luego de haber pasado un tiempo prolongado sin verse.

Un inspector de tránsito de la Municipalidad de Córdoba fue detenido este viernes, acusado de haber disparado contra una vivienda para reclamar el pago de un préstamo informal. El aprehendido fue identificado como Eric Gabriel «Gori» Silva.

Según la investigación, Silva y otro hombre habrían llegado en motocicleta hasta un domicilio del barrio Patricios Norte y comenzaron a efectuar disparos hacia el interior de la casa.

Los vecinos advirtieron la situación y persiguieron e increparon a los sospechosos. Uno de ellos fue reducido a golpes y necesitó asistencia médica. El otro también fue detenido.

Durante la balacera, un nene de 14 años sufrió una herida en el pie mientras intentaba resguardarse dentro de la vivienda.

La principal hipótesis sostiene que el ataque se habría originado por una demora en el pago de una deuda. También se investiga si el inspector era pareja de una mujer que había amenazado previamente a la víctima.

El fiscal Andrés Godoy está a cargo de la investigación, que buscará establecer las circunstancias del hecho y la participación que tuvo cada uno de los detenidos.

Camila Iglesias, de 24 años, fue encontrada asesinada dentro de una heladera en la casa donde convivía desde hacía un año con Pablo Ezequiel Gómez, principal sospechoso del femicidio. El cuerpo estaba cubierto con cal y el hombre permanece prófugo, con un pedido de captura vigente.

Romina, hermana de Camila, contó que el viernes 2 de octubre esperaba recibirla en su casa, pero la joven le pidió que no fuera porque iba a ser “para problemas”. Durante ese fin de semana no volvió a tener noticias de ella y el 8 recibió un mensaje de Gómez a través de Facebook.

“El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a donde, le escribo y no me responde”, escribió el acusado. Luego agregó: “Por favor, si hablas con ella ¿le podés decir que me conteste o que vuelva acá?”. Ante la respuesta de Romina, quien le explicó que tampoco podía comunicarse con su hermana, insistió: “Si te llega a contestar, decile que vuelva por favor”.

La denuncia por la desaparición fue radicada por Romina cuando se enteró de que ya se había realizado una presentación anónima. Su relato fue considerado clave para que la fiscalía de Cruz del Eje allanara el domicilio. Allí los investigadores encontraron una carta escrita por un hombre, en la que se confesaba el crimen y señalaba el lugar donde estaba el cuerpo.

Romina sostuvo que Camila pudo haber sido asesinada el viernes 2 de octubre y recordó que el domingo 4, cuando uno de los hijos de la joven iba a visitarla, Gómez atendió al abuelo paterno y le dijo que Camila ya no estaba en la casa. También afirmó que el hombre era celoso e inseguro y que no quería que nadie concurriera al domicilio.

Según informaron las autoridades, Gómez habría escapado a La Rioja y en la carta expresó que quería quitarse la vida. Sin embargo, Romina dijo que le comunicaron que este viernes lo habían visto circular en moto por Cruz del Eje.

Camila Belén Iglesias, de 24 años, fue encontrada sin vida dentro de una heladera en una vivienda del barrio Los Altos, en Cruz del Eje, Córdoba. La joven había perdido contacto con sus familiares el 2 de octubre de 2026.

La denuncia fue radicada por su hermana el 15 de octubre de 2026. Días antes, el 8 de octubre, la denunciante había recibido mensajes de la pareja de Camila, Pablo Ezequiel Gómez, quien afirmó que ambos habían discutido y que la joven se había retirado del domicilio.

Gómez es buscado por el femicidio y cuenta con un pedido de captura. El operativo se extiende por el norte de la provincia de Córdoba y zonas limítrofes con La Rioja, adonde el sospechoso se habría trasladado.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron elementos considerados de interés para la causa y una carta en la que, aparentemente, el prófugo habría confesado el crimen. También secuestraron prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido.

Los restos de la víctima, que habrían sido cubiertos con cal, fueron trasladados junto con la heladera al Instituto de Medicina Forense de Córdoba. Las causas de la muerte todavía deben determinarse mediante pericias forenses.

La investigación también incorporó testimonios sobre conflictos recurrentes y situaciones de violencia en la pareja. Según lo declarado en el expediente, familiares del acusado dijeron que Gómez habría manifestado que “se había mandado una cagada”, que no quería volver a la cárcel y que evaluaba quitarse la vida. La Fiscalía de Cruz del Eje difundió su fotografía y pidió información que permita localizarlo y detenerlo.

Eliel Gerónimo Noel Schiffo, un expolicía de 37 años, fue imputado por el femicidio de Bárbara Camila Aragón y quedó bajo prisión preventiva por dos años. La medida fue dispuesta este jueves por la jueza de primera instancia Vallarella durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Según la acusación, Aragón llegó a las 11.26 del sábado 10 de octubre a una pensión de la zona noroeste de la ciudad, donde había pactado un encuentro sexual pago con Schiffo. Al ingresar al departamento ubicado en la planta alta, advirtió que el hombre no tenía dinero para abonarle y decidió retirarse.

La joven había acordado con el chofer de DiDi que la había trasladado que volviera una hora después. Sin embargo, pocos minutos luego de llegar le envió un mensaje para pedirle que regresara con urgencia. El viaje de ida había sido pagado por Schiffo mediante una transferencia, un dato que permitió identificarlo y ubicar el domicilio.

La fiscalía sostuvo que entre las 12.02 y las 12.08 el acusado habría abusado sexualmente de Aragón, le habría causado lesiones y la habría asfixiado. Después, habría envuelto el cuerpo en una frazada y lo habría colocado dentro de una valija en la cocina. La policía lo encontró durante la madrugada del lunes 12 de octubre y ese mismo día detuvo a Schiffo.

El chofer aportó información a los allegados de la joven luego de reconocerla en una fotografía difundida por su familia durante la búsqueda. La fiscal Marina Bertolotti le atribuyó a Schiffo abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio calificado por violencia de género, en calidad de autor y en grado consumado, una calificación que contempla prisión perpetua.

Tras la audiencia, Blanca, la madre de Bárbara, rechazó la versión del acusado, quien había hablado de un accidente durante una práctica sexual y del consumo de drogas. “No fue accidental nada. Teníamos todas las pruebas, todo marcaba que es culpable. No fue accidente y, como decía yo, que se lo juzgue como femicidio”, afirmó en diálogo con El Tres.

Una pareja fue detenida dentro de una vivienda deshabitada de Santa Clara del Mar, donde habría intentado ingresar para ocuparla. El procedimiento se realizó luego de que una denuncia anónima alertara sobre movimientos extraños en el inmueble.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle San Remo. Según determinaron los investigadores, los sospechosos no forzaron la puerta principal: treparon hasta un balcón del primer piso y violentaron una abertura de vidrio.

Los propietarios no se encontraban en el lugar al momento del ingreso. Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar acudieron tras el aviso y encontraron a los jóvenes dentro de la casa, antes de que pudieran establecerse allí.

El hombre, de 22 años, y la mujer, de 18, fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría. La causa quedó a cargo del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús, quien los imputó por el delito de «usurpación en grado de tentativa».

El fiscal dispuso que ambos fueran trasladados a dependencias carcelarias. El joven fue derivado a la Unidad Penal N°44 de Batán y la chica quedó alojada en la Unidad N°50, la cárcel de mujeres de la misma localidad.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 retomó este viernes el juicio contra Cristian «Pity» Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. La jornada incluyó el testimonio de cuatro personas, quienes solicitaron declarar sin la presencia de periodistas.

La madre de la hija del cantante fue la única testigo que asistió personalmente a la sede judicial. Los otros tres declararon mediante videollamada y bajo reserva, mientras se restringió el ingreso de la prensa a la sala durante sus exposiciones.

Álvarez participó de manera virtual desde Solar Colonial, la institución de salud mental de Castelar donde permanece internado desde el 2 de octubre. La defensa organizó el operativo con Javier Baños en los tribunales y Sebastián Queijeiro en el centro médico, junto con personal judicial y profesionales de la salud.

La continuidad del debate se produjo después de que los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro rechazaran los planteos para suspender la causa. Los informes del Cuerpo Médico Forense concluyeron que el imputado conserva la aptitud mental necesaria para comprender las etapas del proceso penal.

Además, la Cámara Nacional de Casación desestimó el pedido de Javier Baños para apartar al tribunal y el magistrado Maximiliano Callizo rechazó un hábeas corpus presentado por Sebastián Queijeiro. Con las cuatro declaraciones incorporadas, el juicio por el hecho ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano superó los 30 testimonios ante los magistrados.

A veinte años del asesinato de Nora Dalmasso en Río Cuarto, continúa el juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en la investigación. La familia de la víctima cuestiona los errores cometidos durante el proceso y sostiene que la falta de una resolución constituye una forma de revictimización.

Marcelo y Facundo Macarrón afirmaron que el accionar judicial obstaculizó la identificación del responsable. Según señalaron, la investigación primero se concentró en personas ajenas al hecho, como el pintor Gastón Zárate, y luego en integrantes del círculo familiar. Para ellos, el paso del tiempo provocó que las pruebas perdieran validez procesal.

Facundo Macarrón afirmó que la causa contra Roberto Bársola, señalado como el principal acusado con prueba de ADN, prescribió: “No se lo puede ni siquiera detener, menos condenar”. También sostuvo que el desenlace demuestra “el fracaso judicial” y agregó: “Cuando la justicia persigue a inocentes, no es justicia”.

El hijo de Nora atribuyó las irregularidades a la falta de capacidad y de voluntad para resistir presiones. Además, cuestionó que la investigación se basara en prejuicios vinculados con su orientación sexual y recordó que debió exponer aspectos de su vida privada. “La base del fiscal Di Santo y de todos los fiscales fue el prejuicio, nunca una prueba”, afirmó.

Facundo sostuvo que hay “un violador y un asesino suelto” y consideró que no habrá justicia completa para su madre si los fiscales no son destituidos. Marcelo, por su parte, afirmó: “A mí me largaron a los leones con mi hijo. A los leones me largaron. La justicia cordobesa”. La familia reclama conocer la verdad y considera que el jury es la última instancia para sancionar a quienes, según su postura, permitieron que el crimen quedara sin castigo.

Marcelo remarcó que nunca recibió un pedido de disculpas de los funcionarios señalados y cuestionó la persecución policial y las construcciones discursivas sobre su esposa. La familia define técnicamente el hecho como un femicidio y mantiene su reclamo de destitución mientras el proceso contra los fiscales continúa.