Presentaron un recurso ante la Corte Suprema estadounidense contra la decisión que anuló una condena de US$ 16.100 millones. El máximo tribunal todavía debe resolver si acepta revisar el expediente.
La disputa judicial por la expropiación de YPF llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que aún no definió si tomará el caso. La controversia se originó en la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, realizada en 2012.
Un grupo integrado por 15 estados y territorios estadounidenses presentó un recurso de amicus curiae en respaldo de los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital. La presentación fue encabezada por la fiscalía general de Missouri.
El escrito cuestiona el fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York del 27 de marzo de 2026. Esa decisión anuló la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que había establecido una condena de US$ 16.100 millones contra el Estado argentino.
Los fiscales sostienen que el tribunal interpretó de manera equivocada la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA). También advierten que respaldar la posición argentina podría permitir que otros gobiernos extranjeros eviten la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mediante la aplicación de sus propias leyes internas, y mencionan como hipótesis posibles litigios contra China.
Desde la defensa argentina y el sector jurídico desestimaron el alcance del recurso. El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que la Cámara de Nueva York no rechazó intervenir por una cuestión de jurisdicción, sino que resolvió el caso con base en el derecho argentino de fondo, incluida la ley de sociedades y el estatuto de YPF. También remarcaron que los firmantes pertenecen al Partido Republicano, salvo el representante de Islas Marianas, lo que —según esa evaluación— reduce la transversalidad institucional de la presentación.
La defensa del Estado nacional y los representantes de YPF tienen plazo hasta el 2 de diciembre para presentar sus objeciones formales. Luego, la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si desestima el reclamo, lo que dejaría firme el fallo favorable a la Argentina, o si acepta revisar formalmente el expediente.