El presidente electo asumirá en enero con el desafío de sostener los programas sociales, contener los precios y avanzar con reformas en un escenario legislativo más conservador.
Luiz Inácio Lula da Silva comenzará en enero su cuarto mandato al frente de Brasil con una economía que exhibió resultados mejores de lo esperado, aunque todavía enfrenta desequilibrios fiscales, crédito costoso y dificultades estructurales.
La deuda pública aumentó más de 10 puntos porcentuales durante la actual gestión y superó el 82% del Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento de los gastos obligatorios dejó menos del 8% del presupuesto federal disponible para partidas ajustables y elevó los costos de financiamiento. El equipo de Lula prometió mantener las reglas presupuestarias vigentes, aunque también dejó abierta la posibilidad de endurecerlas.
El cumplimiento de las metas fiscales estará condicionado por el compromiso de elevar el salario mínimo por encima de la inflación, una medida que incrementa el costo de las jubilaciones, además de la ampliación de las prestaciones sociales y otros desembolsos anunciados por el Gobierno. En paralelo, Brasil registra una inflación anual del 4,6%, por encima del techo de tolerancia del Banco Central, fijado en el 4,5%, mientras la tasa de interés permanece en el 13,75%.
La carga financiera también afecta a hogares y empresas. Según la agencia de información crediticia Serasa, casi 84 millones de brasileños y 9,3 millones de compañías tienen pagos atrasados, la cifra más alta registrada, en un contexto atribuido al impacto de las tasas elevadas. Lula prepara medidas de asistencia que incluyen la compra con descuento de préstamos hipotecarios problemáticos a los bancos y la condonación de deudas tributarias para algunos propietarios de pequeñas empresas.
El nuevo Gobierno deberá además negociar con un Congreso de composición conservadora, considerada inédita desde el retorno de Brasil a la democracia en la década de 1980. El Partido Liberal y sus aliados están cerca de controlar ambas cámaras, lo que complica una eventual reducción de exenciones fiscales y podría dificultar la aprobación de candidatos para organismos clave.
Otro desafío será aplicar la reforma integral de los impuestos al consumo aprobada en 2023. El nuevo impuesto al valor agregado comenzará a regir en enero, pero aún no se informó su tasa efectiva, estimada por analistas independientes en torno al 28%. También permanece postergado el proyecto para gravar productos considerados perjudiciales para la salud o el ambiente, entre ellos cigarrillos y alcohol.