La iniciativa de La Libertad Avanza reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes y busca llegar al recinto el próximo 12 de noviembre.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional obtuvo dictamen de mayoría en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La iniciativa reunió 60 firmas y contó con el respaldo del PRO, la UCR y sectores aliados.
El debate estuvo atravesado por cuestionamientos de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda a los cambios incorporados y a la forma en que se aceleró el tratamiento. Los bloques opositores también objetaron no haber recibido con anticipación el texto definitivo, que incluyó modificaciones negociadas tras advertencias de Estados Unidos vinculadas con intereses petroleros en las Islas Malvinas.
Agustina Propato calificó el procedimiento como irregular y afirmó: “Es un dictamen entre gallos y medianoche”. Juan Marino, en tanto, cuestionó que el oficialismo avanzara sin entregar copias impresas a los bloques y sostuvo: “No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando”. También pidió la renuncia del canciller Pablo Quirno.
Durante la reunión, Juan Grabois preguntó al presidente del plenario si “los norteamericanos le pidieron modificaciones”. El diputado libertario salteño respondió: “No le puedo contestar”. Myriam Bregman criticó la dinámica legislativa, mientras que Esteban Paulón anticipó que su espacio presentó un dictamen de minoría y calificó de “invotable” la propuesta oficialista.
El texto establece sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Prevé penas de prisión, multas en barriles de petróleo e inhabilitaciones comerciales. Ese apartado fue modificado después de reuniones entre Javier Milei y Christopher Landau para excluir a compañías estadounidenses vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper y Navitas en la Cuenca Malvinas.
La iniciativa también crea un Consejo de Seguridad Nacional, modifica la legislación de inteligencia e impulsa una Comisión Bicameral de Seguimiento que deberá ser informada dentro de las 48 horas sobre medidas urgentes. El organismo no podrá intervenir en seguridad interior, salvo excepciones operativas en infraestructuras críticas y protección marítima, y Victoria Villarruel quedó excluida de su conducción. Además, la figura de “desinformación masiva” fue reemplazada por la de “campaña de injerencia extranjera”, con penas de 5 a 12 años de prisión y exclusiones para el periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.