En mayo de 2026, la Argentina superó por primera vez los 900.000 barriles diarios de petróleo y casi siete de cada diez provinieron de Vaca Muerta, mientras el sector acumula unos u$s90.000 millones en proyectos presentados al RIGI.
El desarrollo de Vaca Muerta elevó la escala de las operaciones y también la exposición de las empresas. El crecimiento de la actividad suma equipos de perforación, camiones y trabajadores en rutas y ciudades como Añelo, Rincón de los Sauces y Allen, cuyos hospitales, escuelas y viviendas crecen a un ritmo menor.
En ese contexto, la licencia social, el vínculo con el Estado y la gestión de crisis aparecen como factores centrales para proyectos que pueden extenderse durante 20 o 30 años. La reputación no figura en los balances, pero la confianza de las comunidades, los gobiernos y la opinión pública resulta tan relevante como el financiamiento.
Vaca Muerta dejó de ser solamente un asunto de la Patagonia y pasó a ocupar un lugar en la agenda macroeconómica argentina y en la consideración de inversores globales, bancos y compradores de GNL. Un derrame, un accidente vial o un conflicto gremial puede difundirse rápidamente y ser observado tanto por la comunidad local como por analistas de riesgo, compradores europeos con exigencias ESG y reguladores.
La viabilidad de las inversiones depende también de consensos vinculados con el RIGI, los permisos de exportación, la estabilidad fiscal y la previsibilidad de las relaciones laborales. Para sostenerlos, se plantea la necesidad de construir vínculos de largo plazo con actores territoriales, comunidades originarias, productores y organizaciones ambientales, además de informar sobre el impacto local de la actividad en empleo, proveedores e infraestructura.
La preparación ante incidentes incluye identificar escenarios, capacitar voceros, establecer mensajes y protocolos, y realizar simulacros con las áreas involucradas. También requiere que las alertas lleguen con rapidez a quienes deben tomar decisiones, ya que una respuesta tardía puede transformar un problema técnico en una pérdida de confianza.
Entre las medidas señaladas figuran evaluar los riesgos reputacionales junto con los operativos y financieros, incorporar a Asuntos Públicos en las decisiones de los proyectos, medir periódicamente la percepción de comunidades, autoridades e inversores y mantener actualizado un plan de crisis. La directora de Estrategias de Comunicación de HRC Consultora sostiene que la confianza debe trabajarse cuando la operación funciona con normalidad y que la licencia para operar se sostiene todos los días.