El material señala problemas registrales, tala clandestina, cuatrerismo y denuncias contra funcionarios y organizaciones vinculadas con conflictos por la propiedad privada.
Los derechos de propiedad, garantizados por la Constitución nacional, son presentados como una condición central para el Estado de Derecho, el desarrollo económico y la generación de riqueza. El texto sostiene que esa garantía se encuentra deteriorada desde hace tiempo en el noroeste argentino.
Entre los problemas mencionados figuran campos cuyos títulos se remontan a antiguas mercedes reales y cuyas sucesiones no fueron regularizadas, además de registros defectuosos y una deficiente coordinación entre las oficinas de propiedad, los catastros y las direcciones de renta. También se acusa a escribanos de facilitar usurpaciones.
Las denuncias recientes de un directivo de una empresa propietaria de tierras en la frontera entre Salta y Santiago del Estero son vinculadas con la actividad conocida como “chimbeo”: el ingreso a campos para talar bosques y comercializar la madera en mercados clandestinos. Según el material, en algunos casos quienes participan de esa actividad intentan quedarse con los terrenos, mientras que el cuatrerismo y la tala clandestina también afectan a una propiedad ubicada en Salta.
El aumento del valor de las tierras, asociado con la expansión de la frontera agropecuaria desde la última década del siglo pasado, habría favorecido la aparición de grupos usurpadores. El texto atribuye parte de la situación a la falta de medios y combustible en comisarías, a la lentitud judicial y a las deficiencias de los registros, y cuestiona el destino de recursos de la coparticipación federal en provincias del norte.
Asimismo, se denuncian complicidades de funcionarios de los tres poderes y se menciona al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), al que se atribuye la imposición de reglas ilegales sobre la propiedad privada. También se consignan denuncias contra exministros, funcionarios judiciales y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por presuntas apropiaciones de tierras. El texto reclama el fin de la impunidad y sostiene que el desarrollo económico depende de la solidez institucional.