La diputada provincial de Unión por la Patria Soledad Alonso planteó que el endeudamiento de las familias debe ser abordado como un asunto público y no únicamente como una relación contractual entre particulares. En una columna de opinión, sostuvo que la situación ya motivó iniciativas en el Congreso de la Nación y en la Legislatura bonaerense, con propuestas surgidas de distintos bloques.
Según expuso, esos proyectos buscan anticiparse a situaciones de sobreendeudamiento, contemplar alternativas de alivio o refinanciación y reforzar la protección de quienes toman crédito. Para la legisladora, la presencia de iniciativas de diversos espacios políticos revela que se trata de un problema extendido que requiere intervención estatal.
El cruce con la mirada presidencial
Alonso cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el aumento de la morosidad. Recordó que el mandatario definió ese escenario como “un problema entre privados” y preguntó, en referencia a quienes contrajeron préstamos que luego no pudieron cancelar: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.
La diputada contrapuso que una deuda puede originarse en un acuerdo privado, pero adquiere otra dimensión cuando afecta la subsistencia de los hogares. Mencionó casos de trabajadores que recurren al crédito para alimentos, jubilados que financian medicamentos y familias que utilizan tarjetas para cubrir servicios o solicitan un préstamo para cancelar otro compromiso.
En ese marco, advirtió que no existe una negociación equivalente entre quien presta y quien necesita dinero de manera urgente. A su criterio, la falta de ingresos suficientes condiciona las decisiones de las personas frente a vencimientos, alquileres, compras esenciales y gastos de salud, por lo que rechazó una lectura centrada exclusivamente en la responsabilidad individual.
Crédito informal y mecanismos de protección
Alonso también puso el foco en quienes quedan fuera de los canales formales por bajos ingresos, empleo informal, ausencia de antecedentes crediticios o deudas acumuladas. Señaló que esa exclusión puede derivar en préstamos informales, sin condiciones claras, con intereses elevados, cobros frecuentes, hostigamiento o amenazas.
Para la legisladora, ese circuito profundiza la desigualdad financiera porque expone a los sectores con menos recursos a condiciones más gravosas y a menores protecciones. En ese sentido, sostuvo que el debate no debe limitarse a evaluar cómo cada persona administró sus ingresos, sino a discutir las condiciones que llevan a recurrir a financiamiento en contextos de necesidad.
La dirigente de Unión por la Patria afirmó que el Estado cuenta con herramientas para regular entidades financieras, resguardar derechos de consumidores, actuar frente a la usura, controlar prácticas de cobranza y proteger los salarios ante embargos excesivos. Consideró que la discusión legislativa debe apuntar a prevenir nuevos casos y a brindar salidas razonables para quienes ya atraviesan una carga de deuda difícil de sostener.
“Proteger a una familia sobreendeudada no significa premiar el incumplimiento”, afirmó Alonso. Para la diputada, la prioridad es evitar que una dificultad económica termine consolidándose como una situación de exclusión permanente.