La decisión del juez federal Ariel Lijo alcanza a funcionarios, empresarios y personas vinculadas con firmas proveedoras. La causa investiga contrataciones de insumos médicos y ortopédicos mediante el Programa Incluir Salud.
El juez Ariel Lijo, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió el procesamiento de otras cinco en la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La medida extendió las acusaciones contra Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados como jefes de la asociación ilícita investigada, y contra Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de esa organización. Todos habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, decisión que luego fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal. Ahora se les atribuyen maniobras relacionadas con contrataciones de insumos y los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos también se probó, según la resolución, lavado de activos agravado.
Entre los nuevos procesados figuran los empresarios Emilio César Olguín, vinculado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella, relacionados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, ligado a Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L. También fueron alcanzados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, relacionados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, vinculado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, relacionado con Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, vinculado con Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, relacionado con Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, vinculado, entre otras firmas, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
La resolución también alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, por funciones que habrían estado relacionadas con la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos. Además, Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro fueron procesados por asociación ilícita y lavado de activos agravado a partir del análisis de circuitos financieros y comerciales vinculados con Miguel Ángel Calvete y Baires Fly S.A. Lautaro Valentín Brítez, en tanto, fue procesado como miembro de la asociación ilícita. El magistrado dictó asimismo la falta de mérito de 11 personas indagadas y consideró necesario profundizar la investigación respecto de ellas.
El expediente abarca adquisiciones de seis segmentos de insumos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. Un relevamiento técnico del Ministerio de Salud detectó diferencias de precios de por lo menos $1.849.277.963 en determinadas operaciones. Ese monto se suma a los $5.984.594.394,24 calculados previamente para el rubro medicamentos, con una cuantificación conjunta de $7.833.872.357,24. La estimación es provisoria y parcial y contempla las operaciones que pudieron ser comparadas con valores de referencia.
De acuerdo con el pronunciamiento, la investigación reunió elementos sobre una presunta organización que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, con participación de funcionarios, operadores externos, empresarios y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar fondos. La hipótesis sostiene que los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI habrían sido alterados mediante selección de proveedores, circulación de información privilegiada, simulación de competencia, direccionamiento de adjudicaciones y gestión de pagos. El caso está delegado en el fiscal Franco Picardi, quien continúa con una nueva etapa de la investigación.