La querella mayoritaria cuestionó la sentencia dictada el 8 de julio, que condenó a Claudio Villamide y absolvió a otros tres exjefes de la Armada. La apelación tramita ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Al cumplirse nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur, la querella mayoritaria renovó su reclamo de justicia y cuestionó el resultado del juicio oral realizado en Río Gallegos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dio a conocer el 8 de julio un veredicto con una condena y tres absoluciones. Claudio Javier Villamide, excapitán de navío y excomandante de la Fuerza de Submarinos, recibió tres años de prisión de ejecución condicional y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de ese tiempo.
Villamide fue condenado como autor penalmente responsable del incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. La decisión fue adoptada por mayoría de los jueces Mario Reynaldi y Enrique Baronetto, mientras que Luis Alberto Giménez votó por absolverlo.
Los jueces absolvieron a Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, exjefe de Operaciones del mismo comando.
Las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias consideraron insuficiente la pena impuesta a Villamide y sostuvieron que el juicio acreditó que el hundimiento era evitable. “No fue un accidente. No fue ‘la tormenta perfecta’. No fue culpa de la tripulación. Era evitable”, afirmaron en un comunicado difundido el domingo 15 de noviembre.
La querella apeló la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal por las absoluciones y por el monto de la condena, que, según planteó, no guarda relación con la pérdida de 44 vidas. El recurso se encuentra en trámite. Además, las representantes de las familias recordaron que continúa pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denuncia contra los sobreseimientos dictados en la investigación por el espionaje ilegal a familiares de los submarinistas.