Argentina pidió frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar prevé comunicar el 28 de noviembre si acepta las medidas provisionales solicitadas por el Gobierno de Javier Milei.

El Gobierno argentino solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que ordene la suspensión de las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La presentación apunta a detener las operaciones mientras continúa el proceso de arbitraje internacional.

El canciller Pablo Quirno sostuvo que la Argentina rechaza la intención del Reino Unido de explotar petróleo en el archipiélago y que busca impedir que avance la extracción antes de que se resuelva la controversia sobre los derechos reclamados por el país. “Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, afirmó durante una entrevista televisiva.

Entre las medidas solicitadas, la Argentina incluyó el cese de las perforaciones, la prohibición de nuevas autorizaciones británicas para operar en el área, la preservación de los datos reunidos durante la exploración y la protección del medio marino. Quirno explicó que el objetivo es que las tareas se detengan antes del arbitraje y afirmó que el reclamo continuará cualquiera sea la decisión sobre las medidas provisionales.

La resolución del TIDM, con sede en Hamburgo, Alemania, está prevista para el 28 de noviembre. El tribunal deberá definir si aplica las medidas cautelares requeridas por la Argentina para frenar el desarrollo de Sea Lion durante la discusión internacional.

En paralelo, dos contratistas —una empresa inglesa y otra israelí— comunicaron que no seguirán con los trabajos previstos debido al temor a posibles sanciones y conflictos legales, según informó ante la Bolsa de Londres la petrolera británica Rockhopper Exploration. Además, el astillero singapurense Seatrium evalúa cancelar el contrato para acondicionar el buque Aoka Mizu, destinado a las futuras operaciones de extracción y almacenamiento.

Rockhopper indicó que por ahora no prevé cambios importantes en el cronograma de desarrollo. El emprendimiento está liderado por la israelí Navitas Petroleum, que posee la participación mayoritaria, junto con la compañía británica. El Gobierno también impulsa un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las sanciones a empresas que operen sin autorización argentina, aunque la iniciativa no pudo ser tratada en Diputados por falta de quórum.

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