La delegación argentina reclamó medidas provisionales contra el Reino Unido durante la primera audiencia del proceso, celebrada este martes en Hamburgo, Alemania.
Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que ordene medidas provisionales para detener el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Durante la audiencia, Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, sostuvo que la extracción de hidrocarburos tendría consecuencias irreversibles. “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, afirmó.
El Gobierno argentino cuestionó la autorización “unilateral” otorgada por el Reino Unido para explotar hidrocarburos en la plataforma continental que rodea a las Islas Malvinas. Oyarzábal señaló que se trata de un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización continúa pendiente.
Según expuso la delegación, el proyecto prevé una explotación de 35 años, con la posibilidad de perforar 23 pozos de producción y avanzar en nuevas etapas de desarrollo. La Argentina también advirtió que, pese a sus reclamos, el Reino Unido anunció el inicio de la perforación para principios de 2027 y luego aplazó esa fecha al 21 de marzo del próximo año. Además, prorrogó por cinco años las licencias de producción de hidrocarburos y rechazó adoptar medidas provisionales.
Oyarzábal pidió suspender el proyecto mientras se sustancia el arbitraje internacional. Argumentó que la perforación modificaría de manera permanente el lecho y el subsuelo marino y que el petróleo extraído no podría ser devuelto, por lo que una indemnización posterior no permitiría restablecer la situación anterior.
La comisión argentina también está integrada por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica; y el asesor jurídico Agustín Giustiniani. Tras la presentación argentina expuso el Reino Unido, y este miércoles tendrá lugar la segunda y última ronda de intervenciones.